La Paz, 5 may (PL) La nacionalización de la Empresa Transportadora de Energía y el aplazamiento del Decreto Supremo que reponía las ocho horas de trabajo para la salud pública marcaron una intensa semana en Bolivia.

Con motivo de los festejos por el Día del Trabajo, el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 1214, con el cual confiscó la totalidad de las acciones de la referida entidad, de capital español.

La determinación del mandatario boliviano le dio la vuelta al mundo en unos minutos, en tanto decenas de analistas intentaban buscarle similitud con lo ocurrido en Argentina con la también española YPF.

Evo Morales justificó su determinación por las escasas inversiones realizadas por la referida empresa, los cuales apenas llegaron a los cinco millones de dólares anuales.

Ese mismo día, el jefe de Estado promulgó también el Decreto Supremo 1211, el cual establece resarcimiento a las víctimas de la violencia política, en tanto el 1212 garantiza licencia por paternidad, de tres días con salario incluido, a aquellos trabajadores que hayan tenido un hijo.

Por último, aprobó la resolución 1213, que estableció el incremento al salario mínimo en 22,6 por ciento, siempre con la intención de que «quienes ganen menos tendrán mayores aumentos, en busca de un equilibrio salarial», según el presidente.

Luego de los días feriados establecidos por el Ejecutivo, se mantuvo la tensión en varias ciudades por la posición de los médicos del sector público, que bloquearon calles y carreteras en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 1126, el cual reponía las ocho horas de trabajo para el sector.

Galenos y estudiantes de medicina se enfrentaron en varios lugares con los agentes del orden, varios de los cuales resultaron heridos, entre ellos el jefe de un puesto en Santa Cruz, quien fue secuestrado y golpeado.

Sin embargo, cuando parecía que el paro médico entraría en otra semana, el presidente Evo Morales derogó el referido decreto y convocó a una cumbre nacional para finales de julio con la intención de analizar todos los problemas que afectan a la salud pública boliviana.

El mandatario, quien ya había derogado el reglamento del referido decreto desde hacía dos semanas, dio un paso más y anuló el dictamen, en una alocución en vivo por televisión.

«Que está nueva cumbre nacional sea para cambiar totalmente la salud en Bolivia y no solo para debatir las ocho horas de trabajo», recalcó el mandatario, quien recordó que el Decreto Supremo 1126 fue producto de un pedido de los movimientos sociales durante la Cumbre de Cochabamba, en enero pasado.

Al mismo tiempo, pidió a todos los sectores sociales, autoridades electas, municipales, departamentales, expertos de la comunidad internacional, participar para que el pueblo boliviano sea beneficiario de la salud, un derecho humano, subrayó.

Durante la semana, la Central Obrera Boliviana mantuvo su posición de rechazo al aumento del 22,6 por ciento del salario mínimo nacional, que se elevaría hasta los mil bolivianos, unos 145 dólares.

La entidad obrera pretende que se eleve hasta los ocho mil bolivianos, una cifra que el Gobierno considera desmesurada.

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