Joaquín José Vives

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Joaquín José Vives, hizo un balance del desarrollo de la contienda electoral, a una semana del día de las votaciones, y lamentó que no haya habido más recursos para implementar el sistema de huella digital o biometría en todo el país.

Desde su oficina, en el último piso de las instalaciones de la Registraduría Nacional, Vives atiende hasta altas horas de la noche a medios de comunicación y políticos.

Pregunta-respuesta

¿Qué balance hace del proceso electoral de este año?

«El proceso está avanzado, la organización electoral está lista y el Registrador así lo ha expresado, en cuanto a lo que concierne a la parte de organización y la parte logística. El Consejo Nacional Electoral también ha culminado su proceso de investigación por trashumancia y de revocatoria de candidatos inhábiles, estamos en pleno ejercicio de la actividad de control de las campañas electorales, en especial de la financiación y de la propaganda electoral y totalmente preparados para lo que nos corresponde en materia de escrutinios».

¿La gente piensa que ustedes tienen la función de castigar los delitos electorales, cómo funciona ese control?

«Delitos propiamente dichos, no es nuestra competencia, eso es una competencia penal que en principio llega a la Fiscalía General de la Nación y luego a los jueces de la República. De manera que si bien algunas denuncias con esas denominaciones llegan aquí, pues las que corresponden a materias penales siguen hacia la Fiscalía».

¿Fueron muchas las solicitudes de revocatoria que estudio el CNE?

«Tuvimos solicitudes de revocatoria de 2.492 candidatos, de los cuales 802 fueron revocados, básicamente por sus antecedentes fiscales, disciplinarios o penales, ocho candidatos por doble militancia y siete por inhabilidades varias, como parentescos con funcionarios o celebración de contratos».

¿Resulta preocupante que haya aumentado el trasteo de cédulas este año?

«Tuvimos denuncias por trashumancia equivalente a 1.075.000 inscripciones, de las cuales se dejaron sin efecto más de 460.000. Son procesos que han terminado y hay pendientes algunos recursos de reposición que no están generando variaciones relevantes. Igual, el volumen de decisiones que correspondía está tomado e implementado ya dentro del censo electoral. Eso quiere decir que ha habido una lucha mucho más fuerte contra el fenómeno de la trashumancia».

¿Que hizo falta en estas elecciones?

«Plata para implementar tecnologías, la ley nos dice que se debe implementar la identificación biométrica, pero lamentablemente sólo van a haber unos planes pilotos de identificación biométrica, porque no se asignaron recursos para ello, y los que se asignaron fue apenas hace 8 o 10 días y alcanzan para una veintena o más de municipios en el país. Lamentablemente la aspiración de la organización electoral, la aspiración del legislador, y lo que está consagrado en la Ley 1475 es que hubiese una identificación biométrica que generara un control de definitivo y total hacia la suplantación electoral».

El dispositivo ‘Cuentas claras’ para los candidatos es algo nuevo. ¿Cómo está funcionando?

«Ha avanzado bien para ser un dispositivo pionero en América Latina, que amén de suministrar información a los ciudadanos, implica un verdadero monitoreo ciudadano sobre las campañas. Tenemos al 64% de los candidatos obligados a llevarlos (los registros en internet), que ya han cumplido con este registro, esperamos que muy pronto, el restante porcentaje lo haga. De todas maneras el Consejo Electoral estará iniciado en estos días, para quienes no hayan cumplido, investigación y formulación de cargos, que eventualmente los haría responsables de multas que oscilarían entre 10 y 100 millones de pesos».

¿Está satisfecho con la implementación de esa herramienta?

«Hay que destacar que 244 candidatos no obligados a llevar sus cuentas en línea lo han hecho, lo que muestra que ya vamos logrando la concientización de los actores de la política de llevar estas cuentas en línea, además es un derecho de los ciudadanos conocer quién está financiando las campañas y cómo se está gastando el derecho de ellos».

¿A futuro, todos los candidatos tendrán que reportar sus cuentas?

«Claro, ese es el ideal. Si en esta ocasión no ocurrió, tendría que decir que eso obedece a que fue un programa implementado con poca anticipación, unos tres meses antes de las elecciones, que no nos permitía difundirlo entre 101.000 candidatos. Pero sí creímos que nos permitía llegar a los principales candidatos, que entendemos son los candidatos a las gobernaciones y a las alcaldías de ciudades capitales».

Se dice con frecuencia que en Colombia hay impunidad electoral ¿usted está de acuerdo con esa afirmación?

«Pienso que algo de eso hay, pero cuantificarla me parece muy difícil, porque en materia electoral siempre la especulación termina siendo mayor a la realidad. Normalmente quien ha perdido tiene una inconformidad que asocia con un fraude y no siempre es así. Siempre hay una especulación mayor. Sin embargo, sí citaría casos concretos: hace cuatro años tuvimos cerca de 400.000 inscripciones que dejamos sin efecto por trashumancia y no hubo sanciones penales ni disciplinarias para funcionarios públicos que hubieran podido participar en esos delitos. Hubo impunidad. Quisiéramos que otras autoridades, que también ejercen control sobre el comportamiento de los ciudadanos y de los funcionarios, actúen»./ Colprensa