Por: Amylkar D. Acosta M1*

Solo las 20 nuevas entidades del Estado demandan recursos por 11,7 billones de pesos.

El revolcón estatal que hizo el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con las facultades extraordinarias que tuvo el año pasado, salpicó a 49 entidades y demandó un fuerte y minucioso movimiento de recursos para no afectar el presupuesto del 2012, que ya había sido aprobado cuando se hizo la reestructuración.

Veinte entidades son nuevas (incluye Colpensiones, que aún no tiene presupuesto asignado), seis -todas de rango ministerial- fueron escindidas, mientras que dos cambiaron de nombre: Ingeominas pasó a llamarse Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Instituto Nacional de Concesiones se convirtió en la Agencia Nacional de Infraestructura.

En el caso de las 20 nuevas entidades, sin contar con el presupuesto de Colpensiones, tienen asignados recursos por 11,7 billones de pesos para el 2012.

El presupuesto más alto le corresponde a la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, que pasó a ser una dependencia del nuevo Ministerio de Salud, al que le fue asignado un presupuesto de 8,5 billones de pesos.

Durante el proceso de reestructuración, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, señaló que las movidas realizadas para que el Estado funcionara mejor no costarían más de 300.000 millones de pesos, gasto que no implicaría ninguna adición presupuestal.

Coletilla: recordemos que el Gobierno central le dio entierro de tercera a la aspiración de la Región Caribe de constituirse como Región Administrativa y de Planificación (RAP) con miras a transformarse en Región como Entidad Territorial (RET), como lo establece la Constitución Política, con el socorrido argumento (léase pretexto) que resultaba demasiado costosa la propuesta.

Según el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, la puesta en funcionamiento de la propuesta planteada le costaría al fisco $100.000 millones anuales, lo que le pareció una suma exagerada, que se gastaría en burocracia y según él “esa plata la pueden usar mejor como para solucionar los problemas de La Mojana” (El Tiempo. Agosto, 25 de 2010). Por su parte el Ministro de Interior Germán Vargas espetó que “En la costa es más prioritario tener agua, alcantarillado, carreteras y empleo, que contar con una asamblea y un supragobernador” (Semana). Esta es una forma de desfigurar y satanizar la justa aspiración de las regiones de dejar de ser alfil sin albedrío del centralismo bogotano. Este ardid es muy conocido, se trata de construir un muñeco de paja para después solazarse destruyéndolo a manotazos.

Con toda razón el entonces Gobernador del Atlántico y vocero del burlado Voto Caribe (2.5 millones de votos) le ripostó que “La región quiere nuevas formas de manejar el Estado. Cuando se quiere estigmatizar un proceso se le minimiza y ridiculiza” (El Tiempo. Agosto, 25 de 2010).

Corolario: $100.000 millones para el funcionamiento de la RAP es un “derroche” en burocracia; en cambio $11.7 billones para reforzar la abominable y abominada estructura centralista se justifica con la socorrida “eficiencia y eficacia” del “buen gobierno”. Este es el doble rasero con el que el centralismo se mide a sí mismo y mide a la región. No hay derecho, carajo!

*Amylkar D. Acosta M1|El Pilón|Abril, 15 de 2012

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