La minería tradicional colombiana enfrenta un peligro profundo que radica en la ilegalización en que cayeron por las disposiciones legales.Fotografía: Tomado de internet.

Por:  Germán Enrique Núñez Torres

La minería tradicional, hoy al borde de la extinción por la figura de amparos administrativos quedó señalada porque el gobierno anterior la mezcló con otras explotaciones mineras hechas por los grupos paramilitares y las bacrim. Quizás ese fue el mejor pretexto para quitarles el negocio a los campesinos de la cara tiznada.

En una reunión de mineros llevada cabo en Bogotá, varios de los carboneros decían de manera irónica que el Gobierno no expropia a la inversión extranjera tal y como lo recalcó en la cumbre de las Américas en Cartagena, pero paradójicamente proscribe y encarcela a los propietarios de fincas dedicadas a la explotación de minas desde hace ya varias generaciones.

Esas minas ancestrales de donde brotó carbón para coadyuvar con el desarrollo de las regiones colombianas quedaron satanizadas y hoy esa actividad de abuelos está totalmente criminalizada. Lo peor del asunto es que miles de mineros hicieron inversiones, optimizaron la producción y hoy están por fuera del negocio.

El presidente de la Asociación Sindical de Mineros de Colombia, Juan Pardo Samudio le dijo a Confidencial Colombia que la situación generada por el decreto 2715 llevó a los mineros es de postración y ruina.

Según el líder sindical, la minería tradicional quedó en un limbo jurídico toda vez que les arrebató el título de artesanales para matricularlos en la indeseable lista de los ilegales.

“Nos hemos reunido con el Gobierno, hemos adelantado mesas de concertación, hemos acudido decentemente a todas las oficinas que de una manera u otra tienen que ver con nuestro problema, pero eco no hemos tenido, por el contrario nos han encarcelado mineros a quienes no se les reconoce la propiedad ni el registro minero. Esto me hace pensar tristemente que para que escuchen el padecimiento de la gente humilde hay que ser de verdad malo y de piedra porque tristemente a la gente de las zonas rurales se les mira como un cero a la izquierda”, aseveró Pardo Samudio.

Manifestó que los amparos administrativos fueron un regalo del ex presidente Álvaro Uribe a las multinacionales. “Que llegue inversión está bien, eso hace parte del juego de la globalización, lo malo es que saquen a garrotazos a los mineros artesanales que por siglos vivieron del carbón”.

El vocero de los productores de carbón sostiene que con las medidas administrativas, los mineros no solo fueron asaltados en su buena fe, considera que fueron descaradamente atracados.

“Es increíble, de la noche a la mañana resultamos ser todos unos hampones por tener tierra con carbón, el mismo que explotó mi padre y mi abuelo. Me llama la atención porque no pasa lo mismo con la explotación minera del sur de Bolívar”, dijo.

Una salida para los mineros es consolidar unas asociaciones a manera de cooperativas para que se respeten derechos fundamentales. Los empresarios del carbón han pensado en impulsar un referendo e inclusive en apelar a instancias internacionales. Al respecto ya preparan una carta a la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión permanente de los Derechos Humanos.

El ingeniero, Germán Suarez Bernal, quien creció al lado de las minas de carbón en Boavita, anotó que el caos es tal con las nuevas disposiciones que al cierre de términos de recepción de solicitudes, las sorpresas no fueron gratas en la Agencia Nacional Minera. De 4.000 solicitudes tan sol el 20 por ciento cumplía con los requisitos.

“A nosotros nos han hecho todo tipo de goles, con el cuento del tren de la minería, se pasaron 16.000 solicitudes de minería tradicional y ni una fue avalada. Aquí nos tomaron del pelo con el anuncio de que el Gobierno acompañaría al minero en el proceso de legalización”, declaró el empresario.

El minero, Darío González dijo que es injusto que a las personas honestas y sanas que solo saben de extraer carbón, las ilusionen con promesas para después señalarlas y tratarlas como forajidos.

La minería maneja unas cifras interesantes. Boavita en el norte de Boyacá produce cerca de 30.000 toneladas mensuales de carbón. La región en su totalidad pone en el mercado 200.000 toneladas del mineral al mes.

El país produce más de 2.5 millones de toneladas de carbón lo cual representa el 80 por ciento de la minería colombiana.
De esta actividad depende el sustento de 2.5 millones de familias porque esta es una labor que trabaja en cadena y con varias instancias productivas.

Germán Suarez expresa que hay aspectos de la minería tradicional o artesanal que pocos conocen y es que paga más regalías, genera empleo, deja mayores beneficios para la comunidad y desarrolla poblaciones y regiones.

“Hoy nos están corriendo de nuestras fincas, pasando por alto el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo y desconociendo las necesidades de desarrollo”.

Las medidas generaron contracción económica

Muchos mineros artesanales están pasando las duras y las maduras porque están endeudados hasta el cuello y sus minas están cerradas.

El comercio de las regiones se vino a pique porque las familias mineras ya no consumen lo mismo. Ahorara, aseguran los carboneros, «no se hace mercado como antes, no se demanda ropa o diversión porque sencilla y llanamente la plata se acabó».

Varios hogares de mineros han reportado una crisis tan difícil que ya se habla de hambre, desnutrición y problemas mentales.
“A muchos les hicieron mejorar sus socavones y optimizar las condiciones de explotación minera, ahora con este lío ¿quien se gana lo de pagar la deuda o lo de sobrellevar la vida?. Hubo gente que se endeudó en 120 y 130 millones de pesos para poder operar, pero jamás se imaginaron que el Gobierno hiciera una jugada de estas. Hoy nos dicen delincuentes, lo triste es que somos los únicos malhechores que no tenemos plata”, comentó Suarez Bernal.

Actualmente el norte de Boyacá intenta, junto con otras regiones del país, convencer al ejecutivo de revisar las medidas para devolverles la paz y la tranquilidad a los mineros. La gran mayoría no sabe hacer otra cosa y en su desespero algunos ya migraron para las ciudades a engrosar los cinturones de miseria. Otros ya están e la mira de los grupos armados ilegales y con ese panorama la gran perdedora será la nación.

Un minero ganaba en promedio entre 800.000 y 900.000 pesos mensuales sin contar con los beneficios prestacionales y algunos bonos que ofrecen algunas minas por productividad, como quien dice, son remunerados por encima del salario básico y gozan de mejores condiciones.

Pero ahora en Cundinamarca, Boyacá, Santader, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca y Nariño hay muchas familias enfrentadas a un futuro incierto: ¿y mañana qué hacemos?, ¿con qué nos alimentaremos?, ¿Cómo tendremos educación?, ¿a dónde iremos?. Un dilema complicado en cada desesperado minero que ve cómo de a poquito, en la oscuridad de su mina, se apaga silenciosa y dramáticamente la fe de carbonero.