Lima, 5 jul (PL) Los llamados al diálogo se multiplican hoy en Perú, tras dos luctuosas jornadas que dejaron un saldo de cuatro muertos en protestas contra el proyecto minero Conga, en la región norandina de Cajamarca.
El cuarto deceso de un manifestante fue confirmado anoche por el primer ministro Oscar Valdés, quien insistió en la versión oficial de que los hechos de violencia son provocados por «dirigentes y activistas antimineros».
Tras una larga sesión del Consejo de Ministros, Valdés y el ministro de Justicia, Juan Jiménez, ratificaron también la respuesta oficial de medidas de orden público adoptadas tras las protestas del martes, que ocasionaron tres muertos en la provincia cajamarquina de Celendín.
Pese al estado de excepción aplicado por el Gobierno en esa provincia y en las de Cajamarca y Hualgayoc, en esta última, en el municipio de Bambamarca ayer se repitieron las protestas, con un saldo de un muerto.
El balance incluye una veintena de heridos y un número no precisado de detenidos, incluyendo el sacerdote y dirigente político ambientalista Marco Arana, violentamente apresado en la ciudad de Cajamarca, capital regional, y que -según Jiménez- está a disposición del Ministerio Público.
Jiménez llamó a la ciudadanía de Cajamarca a mantener la paz y someterse a las restricciones del estado de emergencia, que prohíben las manifestaciones y autorizan a detenciones y allanamientos a discreción.
Dijo que el Gobierno tiene voluntad de diálogo, pero dijo que no ha recibido una propuesta hecha pública por la Defensoría del Pueblo, para que el prestigioso sacerdote Gastón Garatea sea mediador para el diálogo entre la administración y los dirigentes del movimiento cajamarquino contra el proyecto Conga.
Ese movimiento mantiene una huelga de efecto parcial en ese territorio desde el 31 de mayo y argumenta que el proyecto, de capital mayoritario estadounidense y apoyado por el Gobierno, depredará los recursos hídricos, aunque Lima ha dado garantías de que eso no sucederá.
También la Conferencia Episcopal -asamblea de obispos católicos- llamó al diálogo entre el Gobierno y los dirigentes de la huelga y dijo estar a disposición para facilitar el inicio de conversaciones.
Las diversas bancadas parlamentarias, que condenaron los incidentes y respaldaron el estado de emergencia, hicieron igualmente un llamado al diálogo, al igual que el Partido Comunista Peruano y la Confederación General de Trabajadores, que condenaron la represión.
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