Imelda Daza Cotes*

Los análisis e investigaciones sobre el tema minero y las explotaciones a cielo abierto abundan. La mayoría son serios, rigurosos y muy bien documentados. Desde diversos enfoques los estudiosos del tema han expuesto los riesgos, peligros y amenazas que implica la explotación indiscriminada y acelerada de recursos naturales no renovables como el carbón. Todos los estudios coinciden en que en el departamento del Cesar se fragua un holocausto ambiental al que nadie parece prestar atención. En lugar de mermar la actividad minera o de exigir alguna rectificación, ésta se intensifica; en diez años se pasó de 3, a 10 proyectos mineros; la mitad del territorio(50%) está titulado a la gran minería y un 30% adicional está en trámite de titulación. Es decir, quedará un 20% como área habitable, pero el desastre ambiental lo impedirá. Sin ánimo pesimista hay que pensar que, de continuar así, el millón de habitantes del departamento -o los sobrevivientes- tendrán que ser reubicados y no podrán trasladarse a zonas vecinas porque en La Guajira el drama minero es peor
Los hechos están demostrando que la locomotora minera arrincona y aplasta a los legítimos dueños de unos recursos naturales que hoy se regalan a poderosas empresas transnacionales que han encontrado en Colombia no sólo las más grandes minas de carbón de fácil adjudicación, sino un Establecimiento dispuesto a ceder todo a su favor. Un 35% del territorio nacional ha sido titulado a la gran minería que paga regalías anuales por valor de 6.5 billones de pesos, pero a través de exenciones tributarias, de diverso tipo, les son devueltos 3.5 de esos billones. De cada 100 pesos generados por la minería sólo 22 van a las arcas del Estado. Esto quiere decir que Colombia subsidia a la gran minería; los minerales se obsequian, no se venden y los pocos tributos que las transnacionales pagan, nunca serán suficientes para reparar la catástrofe ambiental que, sin el menor escrúpulo, provocan. Los daños a la naturaleza son, en muchos casos, irreparables. El escaso empleo que genera de ninguna manera compensa el saldo negativo de la actividad minera
El inventario de los dramas que viven muchos de los habitantes del departamento del Cesar a causa de la explotación del carbón es interminable; algunos conmueven hasta la rabia, tal es el caso de El Hatillo, corregimiento de El Paso. El Equipo de Investigación de Eco-Regional denunció, en un informe reciente, que los habitantes de este caserío se están muriendo de hambre y de enfermedades originadas por la explotación minera. Allí la situación social, económica y ambiental es insoportable porque es inhumana. Tiempo atrás, los escasos habitantes llevaban una vida sencilla y tranquila, en medio de la precariedad y de la pobreza eran longevos, “aquí la gente ni se moría”, dicen; pescaban en el río Calenturitas, tenían cultivos de pan-coger, no había estufas ni gas, ni electricidad, pero cortaban leña en el monte para cocinar, criaban animales para proveerse de carne, las frutas crecían silvestres y eran abundantes. Un día fatídico llegó la transnacional brasilera VALE COAL a explotar el carbón, les prometió de todo, reubicación, mejoras en la calidad de vida, empleo,etc y los puso a firmar unos documentos como prueba de los acuerdos logrados para obtener la Licencia de explotación. Cuánto engaño, tantas mentiras y cuánta impunidad!!
Los pobladores de El Hatillo soportan ahora, sin ayuda de nadie, enfermedades que no conocían, que nadie diagnostica certeramente y que ninguna institución de salud atiende. El abandono del Estado es total. Las penurias aumentaron. La pobreza se tornó en miseria, las tierras fueron ocupadas y cercadas porque pasaron a ser propiedad de la empresa minera que controla el territorio. Ahora no tienen río ni para bañarse, menos para pescar, no pueden trabajar la tierra, no hay trabajo y el pueblo está rodeado de montañas formadas con el material contaminante que la explotacion remueve. Los árboles frutales casi desaparecieron. Los animales que criaban ahora se mueren a temprana edad. Las modestisimas viviendas se han deteriorado también. Todo cambió para mal
La penosa realidad de los pobladores de El Hatillo debería provocar una reacción del gobierno local, regional y nacional. No hay derecho a tanta indolencia, a tanto abuso, a tanta injusticia. Como bien dice el informe antes citado: “ La locomotora minera se descarriló y se convirtió en desastre ecológico y desastre social”

*Imelda Daza Cotes|El Pilón