Brasilia, 29 ago (PL) La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, resaltó hoy que el gobierno tiene el desafío de democratizar el acceso a las universidades y a la vez mantener un alto nivel de enseñanza y de exigencia académica.

«Nada adelanta mantener una universidad cerrada y mantener la población apartada en nombre de la aristocracia del saber», apuntó Rousseff tras sancionar la Ley de Cuotas Sociales, la cual destina el 50 por ciento de los cupos en los centros federales de altos estudios a jóvenes procedentes de escuelas públicas, con la distribución entre negros, pardos e indígenas.

Tampoco adelanta, sostuvo la mandataria brasileña, abrir una universidad y no preservar la aristocracia del saber. La importancia de esta legislación es que nos salimos de la norma y asumimos un doble desafío.

«Primero es la democratización del acceso a las universidades y, segundo, el desafío de hacerlo manteniendo un alto nivel de enseñanza y de aristocracia del saber», subrayó la mandataria, que solo vetó el artículo que creaba un coeficiente para seleccionar los estudiantes que pueden ingresar en esas plazas.

Durante la ceremonia, efectuada en el Palacio de Planalto, el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, aseveró que la ley ayudará a los mejores alumnos de la red pública a ingresar en las universidades federales.

La legislación establece que los centros de altos estudios e institutos federales tendrán cuatro años para implantar progresivamente el porcentaje de reservas de cupos previsto en la ley.

Mercadante precisó que el Examen Nacional de Enseñanza Media 2012 ya servirá como uno de los parámetros para el nuevo sistema y adelantó que en lo que resta de año efectuarán la reglamentación complementaria necesaria para la aplicación de la nueva ley.

De acuerdo con la Agencia Brasil, la ministra de la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, Luiza Barrios, señaló que gracias a esa ley el número de estudiantes negros que ingresan anualmente a las universidades federales aumentará de los actuales ocho mil 700 a 56 mil.

Destacó que la asociación de criterios sociales y raciales para las plazas fue una solución políticamente posible para intentar revertir la desigualdad en el acceso a la enseñanza pública superior.