Asunción, 11 sep (PL) Una misión internacional de organismos defensores de derechos humanos denunció hoy atropellos y asesinatos de campesinos paraguayos durante y después del enfrentamiento ocurrido en Curuguaty, usado como argumento para destituir al presidente Fernando Lugo.

La delegación entregó un informe preliminar de su visita a esa zona del departamento de Canindeyú, escenario de un cruento desalojo el pasado 15 de junio, con el saldo de 11 campesinos y seis policías fallecidos, tras entrevistar a organizaciones sociales, labriegos sin tierra y otras personas.

Lugo fue objeto de un juicio político por el Congreso, durante el cual se enarbolaron los trágicos sucesos como responsabilidad de su gobierno y fue una de las imputaciones principales para justificar su destitución.

Los autores del informe divulgado hoy son representantes de las organizaciones foráneas Campaña Global por la Reforma Agraria, Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Politécnica de Cataluña, Radio Mundo Real, FIAN Internacional y Amigos de la Tierra Internacional.

Fueron acompañados por organizaciones sociales paraguayas y anunciaron que entregarán un informe final a instancias internacionales, entre ellas Mercosur, Unasur, Organización de Estados Americanos y otros.

En el documento plantearon que el caso de la tierra malhabida en Curuguaty es emblemático y refleja un conflicto histórico dado por la falta de posesión de las familias campesinas de su principal medio de producción.

Los labriegos entrevistados aseguraron que su principal argumento para ocupar esas tierras fue su necesidad de trabajarla para producir alimentos y la misión no encontró justificación para la orden de desalojo emitida por un juez penal.

Existen numerosos elementos que indican se tata de tierras pertenecientes al Estado e ilegalmente ocupadas por une empresa privada y por ello, los campesinos la consideran como una propiedad estatal y no estar inmersos en hecho delictivo alguno al ocuparlas, agregó.

La misión entiende que ya existía una predisposición a la extrema violencia y las fuentes consultadas aseguraron que la primera persona ejecutada fue el dirigente campesino Avelino Espínola, de larga trayectoria por la recuperación de las tierras.

Finalmente, dijo que hubo ejecuciones extrajudiciales, persecución, amenazas de muerte y torturas a los campesinos, los heridos no fueron atendidos correctamente y el menor Richard Ariel Barrios, de 15 años fue detenido y supuestamente golpeado.