Ottawa, 3 oct (PL) Canadá promueve hoy una propuesta para exigir el cuarto nivel del inglés o francés y medir la fluidez verbal de los inmigrantes que soliciten la ciudadanía, iniciativa considerada discriminatoria por expertos en el tema.

Según un comunicado del gobierno conservador, esa medida tiene como fin que los jueces encargados de conceder la naturalización tengan «una evidencia objetiva de la capacidad lingüística del aspirante.»

Las autoridades miden actualmente el dominio de ambas lenguas oficiales mediante un examen escrito, en el cual también evalúan conocimientos sobre Canadá y las responsabilidades de sus ciudadanos.

Pero consideran esa prueba insuficiente para garantizar «la comunicación e integración efectiva con los canadienses».

Si la nueva norma entra en vigor, entonces obligará a quienes no aprueben el examen de expresión oral a entrevistarse con un juez de ciudadanía para valorar su caso.

Debbie Douglas, directora ejecutiva del Consejo de Agencias de Servicio al Inmigrante de Ontario, mostró preocupación con la herramienta porque podría discriminar a los inmigrantes procedentes de países no angloparlantes.

Asimismo, Naomi Alboim, exviceministra de Inmigración, consideró la propuesta contraproducente y vaticinó que traerá como consecuencia la exclusión de una masa importante de trabajadores que pueden impulsar la economía nacional con un poco de asistencia federal.

Cada año Canadá recibe al menos 250 mil extranjeros en busca de oportunidades laborales atraídos por las supuestas facilidades que ese país otorga para enfrentar el acelerado envejecimiento de su población.

Ese sector será responsable del 80 por ciento del incremento demográfico de la nación norteña en 2031, según un reciente estudio de las empresas Ipsos Reid y Postmedia News.

Pero Ottawa rechazará 300 mil inmigrantes profesionales que solicitaron trabajo desde 2008 con una ley para eliminar el carácter retroactivo de esas peticiones.

Mediante dicha normativa, aprobada en mayo pasado, el Gobierno dejará fuera a esas personas luego de obligarlas a esperar casi 10 años bajo la promesa de que evaluaría sus casos.