Por Javier Rodríguez *

Asunción (PL) La historia paraguaya durante el 2012 establece claramente una división obligada por los acontecimientos registrados a mitad de año, los cuales cambiaron no sólo el rumbo político y la dirección del país, sino que lo llevaron al aislamiento internacional actual.

La nación guaraní, bajo el gobierno del presidente Fernando Lugo, quien en forma sorprendente había logrado romper la cadena de seis décadas en el poder del tradicional Partido Colorado al ser electo en el 2008, transitaba por un gradual proceso de cambios con la vista puesta en los sectores más desprotegidos del país.

Casi el 50 por ciento de los paraguayos en la pobreza, 29 por ciento sumidos en la extrema pobreza, 25 por ciento de los niños desnutridos, conforman una sociedad dominada por un puñado de grandes empresarios agroexportadores de soja fundamentalmente, y de maíz y algodón en menor cuantía, pero igualmente poderosos.

A ese emporio económico, vinculado estrechamente al gran capital internacional y dominante de herramientas tan importantes como los Poderes Legislativo y Judicial, no gustó el impulso a modestos planes sociales de ayuda a los centenares de miles de campesinos sin tierra, a los asentamientos indígenas prácticamente en extinción, a los adultos sin trabajo y a los niños sin escuelas.

Junio fue el mes clave para terminar con el gobierno de Lugo sin esperar los 10 meses que faltaban para las nuevas elecciones generales y los paraguayos vieron, hasta con cierto asombro, la conjunción de fuerzas de los dos grandes partidos tradicionales, sempiternos enemigos electorales, en una operación política lamentablemente salpicada de sangre.

El 15 de junio, en un oscuro episodio, sin explicación convincente para sectores nacionales e internacionales, fuerzas policiales fueron enviadas a realizar el desalojo de campesinos ocupantes de una pequeña parte de las más de tres mil hectáreas de tierra de un latifundio en Curuguaty, departamento de Canindeyú.

En realidad, se trató de tierras en poder de un expresidente del Partido Colorado, poseedor de muchos miles más de hectáreas, las cuales estaban en discusión con el Estado por entenderse habían sido malhabidas, tal como también reclamaban los labriegos sin tierras allí acampados.

Lo que pudo ser una desocupación pacífica se convirtió en un gravísimo incidente con la violencia desatada, la cual culminó con la muerte de 11 campesinos y seis agentes, la detención de un grupo de hombres y mujeres del campo y la persecución, mediante rápidas decisiones fiscales, de otras 40 personas, aún prófugas.

Fue el episodio que sirvió, apoyado por una campaña de prensa, para acusar al gobierno, montar un expedito juicio político a Lugo por el Congreso participante de la conspiración y destituirlo del cargo en unas 30 horas, desoyendo incluso las recomendaciones en contrario de los cancilleres de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que viajaron a Asunción para tratar de evitar la ruptura del proceso democrático.

La campaña por el esclarecimiento de lo sucedido realmente en Curuguaty sigue en el orden del día, sobre todo después que una investigación independiente encabezada por un jurista español y apoyada por la Comisión de Derechos Humanos, planteó la muerte extrajudicial de la mayoría de los campesinos, la presencia de francotiradores desconocidos situados estratégicamente para disparar contra policías y labriegos, y la realización de torturas y otros atropellos con los detenidos.

El reclamo en ese sentido tuvo un apoyo trascendente con el planteamiento por la representación permanente de la ONU en Paraguay, en un acto público y directamente al presidente Federico Franco, de la necesidad de encontrar la verdad en el caso Curuguaty.

Consumada la toma del poder, ahora compartido por todos los grupos de la política conservadora, se inició el proceso de regresar a Paraguay al pasado superado por el resultado de las elecciones del 2008.

La suspensión inmediata del país como miembro de Unasur y el Mercado Común del Sur (Mercosur), los dos grandes bloques integracionistas regionales a los cuales pertenece, y la condena internacional a lo ya conocido como golpe de Estado parlamentario, hizo que el país llegue al final del año con un aislamiento político ni siquiera aliviado por la intervención personal a su favor del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

La sanción establecida por Unasur y Mercosur determinó que solamente al retornar la nación mediterránea al proceso democrático mediante la celebración de elecciones libres supervisadas internacionalmente el próximo mes de abril y la instalación de un nuevo gobierno en agosto del próximo año, podrá permitir a Paraguay recuperar sus derechos como Estado Parte.

Mientras tanto, la gran mayoría de las misiones diplomáticas de países de la región acreditadas en Asunción permanecen sin embajadores y a los representantes del gobierno paraguayo no se les permite participar en cualquier evento convocado por dichas instancias.

Por otra parte, debe señalarse que el escenario político paraguayo está dominado actualmente, más allá de la puja de candidatos para los comicios del 2013, por las continuas y casi diarias protestas en ciudades y pueblos, realizadas por sindicatos, organizaciones sociales, con preferencia de campesinos e indígenas y partidos de izquierda, debido a la grave situación económica y social existente.

Es difícil que transcurran 24 horas sin que afloren esas movilizaciones y protestas, las cuales además de representar parte de la lucha de los más pobres por intentar mejorar su situación y reclamar derechos, comienzan a constituir el germen de un movimiento social por un cambio profundo.

Motivos fundamentales de esas movilizaciones constituyen también los entendimientos del gobierno con multinacionales para el uso en la agricultura de semillas genéticamente modificadas y peligrosos agrotóxicos, así como el intento de subvencionar con la energía nacional la instalación del gigante productor de aluminio, Río Tinto Alcán, además sin un estudio ambiental previo.

El gobierno siguió imponiendo el desarrollo del proceso electoral para las elecciones del 2013 a pesar de numerosas protestas por el control de los órganos comiciales por parte de los partidos participantes en el golpe parlamentario y negándose a la presencia de observadores de Unasur y Mercosur.

Los próximos meses, anteriores a las votaciones de abril, serán decisivos para comprobar si éstas responden a las exigencias de transparencia e imparcialidad demandadas internacionalmente y permiten la reincorporación paraguaya a los programas de integración suramericanos.

*Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.