Por Javier Rodriguez Roque

Asunción, 4 ene (PL) Tres millones 500 mil paraguayos están inscriptos en el registro electoral para votar en las próximas elecciones sin que ello elimine críticas opositoras a ese padrón y a las condiciones para desarrollar los comicios.

El Tribunal Supremo de Justicia Electoral (TSJE) cerró las inscripciones el pasado 30 de diciembre e informó la incorporación de 202 mil personas a dicho control, incluyendo a los paraguayos residentes en el extranjero que pudieron hacerlo.

Estos trámites, normales en cualquier país del mundo, supondrían una buena asistencia a las urnas en las votaciones convocadas para el próximo 21 de abril para elegir al presidente y vicepresidente de la República, renovar el Congreso y seleccionar gobernadores, entre otros cargos.

Pero en Paraguay no es tan fácil, porque el año que terminó hace sólo unos días fue escenario, como se califica por Unasur y Mercosur, los grandes bloques integracionistas de la región, de un quiebre de la institucionalidad democrática con la expedita destitución del presidente constitucional.

En menos de 30 horas del pasado mes de junio una gran operación política de los partidos tradicionales, controladores del Congreso, llevó a cabo un juicio político al mandatario electo en el 2008 y lo desalojó del cargo, provocando también la salida de su equipo de gobierno.

El problema fundamental planteado, para citar un ejemplo, por la izquierda paraguaya agrupada en el Frente Guasú, coalición de partidos y movimientos sociales, es que las instituciones llamadas a garantizar la limpieza de las próximas elecciones, dieron visto bueno a aquel hecho.

Las impugnaciones se hacen debido al papel jugado, según sus críticos, en la consolidación del golpe de Estado parlamentario precisamente por la justicia electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, entes que persisten sin reestructuración alguna y son vitales para dar seguridad a las votaciones.

De ahí las censuras que hacen a elementos tan importantes como la falta de depuración de ese padrón electoral, la posibilidad de votar otorgada a apenas un grupo sumamente pequeño de la comunidad paraguaya residente en el exterior y la negativa oficial a una misión observadora de Unasur.

Más allá del avance en los preparativos electorales y del divulgado esfuerzo de vinculación con los distintos partidos, parece existir un largo camino a recorrer para lograr que los comicios próximos sean reconocidos aquí y en el exterior como solución definitiva a la crisis política paraguaya.