Santiago de Chile, 22 feb (PL) Dos de los tres soldados bolivianos detenidos en Chile prestarán declaración hoy ante la fiscalía de la norteña región de Tarapacá, trámite que podría producir un giro en el caso.

Hasta ahora, solo rindió testimonio uno de los militares, José Luis Fernández, de 18 años, que era quien portaba un fusil al momento del arresto, y en dos oportunidades reiteró que desconocía haber violado la frontera y penetrado en territorio de Chile, según explicó el abogado de la defensa Roberto Celedón.

«No tenían ni idea, no tenían ni idea, para ellos ese día comenzó a las 5:40 de la mañana, cuando se apersonan cinco contrabandistas de vehículos indocumentados, al puesto de control fronterizo, que es un puesto precario», aseguró el letrado.

Hoy deben declarar Álex Choque, de 20 años de edad, y Augusto Cárdenas, de 19, quienes junto a Fernández fueron detenidos el 25 de enero por una unidad de la policía de Carabineros, en el sector de Colchane, a mil 987 kilómetros al norte de la capital.

El Gobierno del presidente Evo Morales asegura que los hechos ocurrieron en una región donde «no existen señales que delimiten la línea fronteriza entre los dos Estados», por lo que los soldados tenían la convicción de que operaban en territorio de su país tras un grupo de contrabandistas de autos.

Bolivia consideran que en ningún caso los militares debieron ser llevados a juicio porque en el fondo la pretensión del Estado chileno es juzgar al Estado boliviano, lo cual es violatorio del principio «par in parem non habet imperium» (nadie tiene potestad sobre su igual).

Este miércoles, la misión permanente de Chile ante Naciones Unidas rechazó las declaraciones de Morales, quien denunció que el gobierno chileno tiene como rehenes políticos a los tres soldados, en venganza por los reclamos de La Paz de su derecho a una salida al mar.

La representación chilena calificó de infundadas y sesgadas las expresiones de Morales, pronunciadas el martes en una conferencia de prensa en la ONU.

La nota de la embajada de Chile justifica el arresto con el argumento de que los encartados ingresaron ilegalmente a territorio chileno con armamento de guerra y asegura que están sometidos a la justicia con pleno respeto del debido proceso.

Esta semana, La Moneda negó que tenga tomada alguna decisión sobre el caso, insistió en que el Ejecutivo no interfiere en el proceso judicial y reiteró que los militares están presos no por ser soldados ni bolivianos, sino por portar armamento de guerra en territorio de Chile.

De acuerdo con el vocero en funciones, Mauricio Lob, si la defensa hubiese colaborado plenamente y con la mayor prontitud desde el primer minuto de este caso, probablemente estaría resuelto.

Lob dijo que hasta ahora solo declaró uno de los soldados, y que se espera el testimonio de los otros dos, para que la fiscalía proceda con un juicio abreviado.

La víspera, el fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra, señaló que el Ministerio Público estaba dispuesto a valorar una salida alternativa al caso, para evitar que los tres soldados tengan que ser llevados a juicio.

En declaraciones a Radio Cooperativa, Guerra dijo que el camino natural del proceso conlleva la celebración de un juicio oral, sin embargo dejó abierta la posibilidad de otras opciones, como la expulsión.

De no llegarse a un acuerdo, los militares deberán comparecer el 25 de febrero ante el juzgado de garantía de Pozo Almonte, audiencia prevista tras el cierre de la investigación.