Brasilia, 1 abr (PL) El presidente de la Cámara Baja del Congreso brasileño, Henrique Eduardo Alves, y líderes parlamentarios se reunirán esta semana para procurar la destitución del controvertido jefe del Comité de Derechos Humanos, Marco Feliciano.

La designación en marzo pasado de Feliciano, pastor evangélico y miembro del Partido Social Cristiano (PSC), al frente de ese comité del legislativo desató manifestaciones y protestas que afectan el desarrollo de las labores de esa dependencia.

Se prevé que Eduardo Alves y dirigentes de los partidos representados en el Congreso analicen la situación en torno al religioso y posteriormente le hagan una propuesta para que abandone la jefatura de esa Comisión.

Grupos sociales entregaron el jueves último al PSC 450 mil firmas al pie de una petición en la cual demandan que Feliciano sea separado del cargo de manera inmediata.

Ese día se registraron manifestaciones dentro y fuera de edificio del Legislativo contra Feliciano, a quien acusan de racista y homofóbico.

El pastor, según medios de prensa brasileños, envió un mensaje a través de Twitter en el cual afirmó que el amor entre personas del mismo sexo lleva al odio, al crimen, al rechazo y que los africanos descienden del ancestro maldecido por Noé.

Fundador de una Iglesia evangélica afiliada a la Asamblea de Dios, el religioso señaló además en días pasados «Satanás está infiltrado en el gobierno» federal de la mandataria de la nación, Dilma Rousseff.

El diputado Domingos Dutra, expresidente de ese Comité, señaló que el nombramiento de Feliciano provocó la salida de la mayoría de empleados de ese Consejo.

De un total de 19 solo dos funcionarios permanecen en sus puestos de trabajo.

En este contexto, los parlamentarios del Partido Popular Socialista (PPS) anunciaron el fin de semana último que llevarán el caso del pastor religioso ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja con miras a reclamar su dimisión.

Ese Consejo tiene la facultad y posibilidad de decidir la salida del diputado para acabar con esta difícil situación, que afecta el funcionamiento de una dependencia del Congreso, afirmó el parlamentario Arnaldo Jordy, del PPS.

Para esa agrupación, además de las imputaciones de racismo y homofobia, Feliciano debe explicar el uso irregular de fondos públicos para pagar a abogados en un proceso de interés personal.