Bogotá, 18 mar (PL) La permanencia de Gustavo Petro en la alcaldía bogotana entrará hoy en una etapa definitoria con la decisión del Consejo de Estado colombiano sobre los 23 recursos de protección de derechos que frenaron temporalmente su destitución e inhabilidad por la procuraduría.
La exposición del caso, un documento de más de 100 páginas, fue entregado el pasado miércoles a ese tribunal, que aplazó dos veces su discusión por considerar que el caso requería un estudio exhaustivo que permitiera esclarecer conceptos en torno a una decisión calificada de trascendental.
Según trascendidos, la argumentación de Vargas es adversa a las demandas de los ciudadanos de revocar la sanción contra Petro (decretada por el procurador general, Alejandro Ordóñez el 9 de diciembre de 2013), por considerar que esta vulnera los derechos políticos del primer mandatario de la ciudad.
De acuerdo con la revista Semana, que tuvo acceso a detalles del documento, en su análisis del tema Vargas concluye que no existe violación alguna de los derechos del alcalde, ya que al imponerle la sanción disciplinaria fueron respetadas todas las garantías procesales correspondientes.
También defiende la facultad del procurador para sancionar a funcionarios elegidos mediante el voto popular, lo cual, argumenta, ha sido ratificado por la Corte Constitucional y el propio Consejo de Estado.
De igual modo niega que se causaran perjuicios irremediables a la ciudadanía, puesto que el único afectado con la sanción fue Petro, «y no personas ajenas al proceso disciplinario».
Según Semana, la argumentación de Vargas sería acogida por la mayoría de los magistrados del Consejo de Estado, como ocurrió con el anterior recurso presentado por Petro, rechazado con 14 votos contra 11.
De ser aprobada la tesis de Vargas, el dictamen se notificará de inmediato al procurador Ordóñez y este lo hará llegar el presidente Juan Manuel Santos, quien dispondrá de 10 días hábiles para ejecutarlo.
Al término de ese plazo, que se cumpliría el 30 de marzo si Santos refrenda el dictamen de la procuraduría, el alcalde distrital deberá abandonar el cargo.
Mientras, el próximo 24 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual Petro solicitó medidas de protección política, deberá pronunciarse al respecto.
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