Lima, 5 abr (PL) El presidente de Perú, Ollanta Humala, condenó hoy en duros términos el llamado autogolpe de Estado ejecutado hace 20 años por el entonces gobernante Alberto Fujimori, ahora preso por delitos de lesa humanidad.

En un discurso al inaugurar obras vecinales en la periferia de Lima, Humala se sumó a las evocaciones de fuerzas democráticas, organizaciones sociales y grupos de derechos humanos, en torno al cierre del Congreso de la República y la intervención de los tribunales, del 5 de abril de 1992.

«La ruptura de la democracia llevó a una serie de problemas de corrupción, traición a la patria e impunidad», dijo el mandatario y fustigó al sector político afín a Fujimori, a quien calificó como dictador.

Consideró una tarea pendiente sancionar a los corruptos de aquel régimen (1990-2000), a los que llamó una mafia que dilapidó los recursos del país y sigue impune, y recuperar los miles de millones de dólares que robaron.

Señaló que de ese cuantioso robo solo se han recuperado 200 millones de dólares y falta que la clase política y el Estado recuperen todo lo hurtado al país.

El jefe de Estado reiteró su propuesta de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, a lo que se resisten el fujimorismo y otras bancadas conservadoras en el parlamento.

«Queda pendiente capturar a todos los delincuentes que apoyaron y que fueron parte de esta mafia que gobernó la década de los 90 y que hoy están con paradero desconocido o en la clandestinidad esperando que prescriban sus delitos», aseveró.

Por su parte el veterano dirigente socialista Javier Diez Canseco, miembro del bloque oficialista, apuntó que la herencia del fujimorismo, además de la corrupción y la quiebra de la democracia, es una política económica neoliberal de fuerte concentración de la riqueza.

Los analistas políticos Alberto Adrianzén y Raúl Wener coincidieron en que el autogolpe de hace 20 años fue dado para liquidar lo que quedaba de los cambios estructurales emprendidos por el gobierno militar nacionalista de Juan Velasco Alvarado (1968-75).

Adrianzén, quien fue asesor del gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001), nombrado por el parlamento tras la fuga y destitución de Fujimori, lamentó que no se hubiera proscrito al fujimorismo por antidemocrático ni se hubiera reformado el sistema de medios de comunicación, controlados mediante la corrupción por aquel gobierno.

El aniversario encontró por otra parte a seguidores y familiares de Fujimori empeñados en reunir pruebas médicas de que el preso, sentenciado a 25 años de cárcel, está grave, lo que desmienten reportes hospitalarios, y Humala debe darle un indulto humanitario.

Al mismo tiempo, sectores progresistas y activistas de derechos humanos demandaron que Fujimori deje la cárcel exclusiva que ocupa en un cuartel militar con un régimen de privilegios, y sea trasladado a un penal común.

El pedido se intensifica tras el reciente cambio, por medida disciplinaria, de Antauro Humala, hermano del presidente, a la cárcel de máximo rigor, en la Base Naval del vecino puerto del Callao.

rc/mrs