Por Moisés Pérez Mok

Buenos Aires, 17 abr (PL) La anunciada expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol desde 1999, marca apenas el inicio del «tránsito empinado» hacia la restauración de la soberanía energética argentina.

Tal es la percepción predominante hoy aquí y expresada por el matutino Página 12, en un artículo de Alfredo Zaiat titulado Finalmente, llegó el día, que deplora además «las amenazas españolas de nuevo rico hoy en quiebra» y en estado de desesperación.

El texto hace notar que al declarar de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización y comercialización, su alcance abarca no sólo a YPF, sino a todas las petroleras.

Es la forma de archivar el ruinoso concepto de materia prima (commodity) para el petróleo y gas -cuyo destino lo decide quien lo extrae-, para recuperar la idea de recurso estratégico, como lo consideraba la YPF estatal, subraya.

Una opinión similar manifestó a Prensa Latina Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur, para quien la expropiación de la mayor parte del paquete accionario de Repsol debe ser sólo un primer paso hacia el control total de los recursos hidrocarburíferos.

La medida anunciada ayer por la presidenta Cristina Fernández «es progresiva por ser la primera que se toma en el sentido más favorable para el pueblo y el Estado», valoró.

Sin embargo, dijo, no avanza en dirección al control total de los recursos, ni en las regulaciones que deben acompañar su explotación.

Habría que pensar además en las acciones que deberán tomarse respecto al resto de las petroleras (Shell, Exxon, Apache) «que también están preparando su juego», advirtió Di Risio.

Por lo pronto, tres comisiones del Senado de la Nación iniciarán hoy la discusión del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo y lo harán, según el jefe de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, «con suma rapidez y celeridad».

Los debates tendrán como telón de fondo la airada reacción y las amenazas del gobierno español, que calificaron la soberana decisión de Argentina de discriminatoria, y la suspensión de una reunión del comité de la Unión Europea (UE) y Argentina prevista para el jueves y viernes próximos aquí.

Respecto a las bravatas lanzadas desde Madrid, la propia Cristina Fernández advirtió ayer que no respondería a ninguna de ellas, mientras medios especializados consideran que éstas traerían más ruidos que nueces.

«La vendetta española, con impacto limitado», tituló hoy el diario Ámbito Financiero un comentario en el cual considera lo más probables que haya sanciones comerciales motorizadas por España, pues la recesión que atraviesa la economía ibérica «crea el clima ideal para este tipo de medidas proteccionistas».

En ese caso, el costo a pagar sería el que tienen las triangulaciones con ventas a un tercer país, señala la publicación, según la cual el destino obvio de los reclamos será el Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI).

Sin embargo, en el tribunal del Banco Mundial las cosas no suelen marchar con la celeridad que desearía España por lo que si un juicio de Repsol por YPF comenzara este mismo semestre, un fallo definitivo que primero pase por los tribunales locales y luego llegue al CIADI tardaría entre siete y 10 años, estimó el periódico.

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