Imelda Daza Cotes

La salud entendida como bienestar físico, sicológico y social, es un derecho humano fundamental que el Estado está obligado a garantizar. Por eso la salud pública debería ser una prioridad nacional junto a la educación. Son los pilares que sostienen un normal desenvolvimiento de la sociedad. Dada la trascendencia y los costos, es impensable que instituciones privadas animadas por el lucro puedan atender en forma plena y eficiente estos servicios. Es factible que áreas muy especializadas o de menor trascendencia se dejen a cargo de particulares, pero el grueso del compromiso del Estado con sus ciudadanos es indelegable. Sin embargo, en Colombia la cuestionada Ley100/93 permitió el traslado de recursos de la salud al sector privado; los promotores del negociado argumentaron que la competencia entre las EPS mejoraría el servicio para todos. No fue así. Si bien la cobertura se amplió, la calidad, que nunca fue buena, ha empeorado y el sobrecosto de los medicamentos remata el dantesco cuadro. La medicina preventiva o educativa es una excentricidad reservada a las élites que la pueden pagar. El resto, o sea la mayoría, que apele a los conjuros para prevenir enfermedades
Las EPS son propiedad de grupos económicos que poco o nada tenían que ver con la salud pero que vieron en la implementación de la Ley 100 la gran oportunidad para hacer un magnífico negocio y se hicieron tan poderosas que pueden frenar cualquier esfuerzo que el gobierno intente hacer para regularlas y controlarlas. Por su parte los hospitales públicos disminuyeron notoriamente; los que “sobreviven” han sido desmantelados y soportan serios problemas presupuestales porque precisamente las EPS no les pagan los servicios que les contratan. Y como si fuera poco muchas EPS han sido acusadas de participación indebida en política. Para asegurar la defensa de sus intereses y fortalecer las alianzas con el gran poder han financiado campañas electorales de candidatos aliados del paramilitarismo y a través de firmas ficticias han canalizado recursos hacia estos grupos. Es decir, los recursos que por ley están destinados a sanar enfermos se han desviado hacia la criminalidad. Pocos casos tan aberrantes
Lo ocurrido a partir de la ley 100 ha sido muy debatido, es de conocimiento público, son muchos los que han padecido las carencias y bastantes las víctimas. Alguien dijo que en Colombia cuando uno se enferma debería contactar a un abogado antes de acudir al médico. Las tutelas han sido el recurso desesperado de muchísimos pacientes y, en ocasiones, la única manera de lograr atención. Los usuarios cotizantes acceden a la medicina general, pero la especializada es muy restringida y los que no cotizan se mueren en las puertas de los hospitales. Así opera el libre mercado de la salud; muchos ofrecen servicios pero sólo una parte de la población puede comprarlos, el resto que se acoja a las supersticiones. Lo cruel es que no está en juego un capricho consumista sino la salud, la vida de un paciente que no debería depender de la disponibilidad de dinero
En este entorno mercantil de indolencia e inmoralidad queda poco espacio para el humanismo o siquiera para la conmiseración. Se impone “la racionalidad del mercado” sin más consideraciones. Las instituciones privadas buscan maximizar ganancias minimizando costos. La contratación de médicos y demás personal que trabaja en salud está sometida a las leyes de oferta y demanda, en detrimento de la calidad de los servicios; un médico mal remunerado queda expuesto al rebusque, procurará multiplicar sus puestos y horas de trabajo aunque merme su rendimiento
El ejercicio de la medicina está sometido a presiones que desvirtúan su esencia. La ética, la moral y el juramento Hipocrático van quedando relegados; los pacientes quedan expuestos a una especie de ruleta rusa; muchas veces el azar determina la superación de la enfermedad o la muerte. Nada está garantizado. En este contexto de fallas y carencias parece enmarcarse un lamentable suceso ocurrido recientemente en Valledupar cuando una joven madre murió por causas que a la familia no le han sido suficientemente explicadas, razón por la cual los dolientes procedieron a denunciar el hecho ante la Fiscalía. Algo similar ocurrió tiempo atrás con una joven que se sometió a una sencilla cirugía estética e inesperadamente murió también. Parecen cotidianos estos dramas. Alguna autoridad debería preocuparse de tan grave asunto aunque la solución integral al problema de la salud parezca lejana