*Oscar Ariza Daza

Son múltiples las quejas sobre la atención inhumana a aquellos pacientes que acuden para ser atendidos de acuerdo con el derecho constitucional que tienen a la salud y a la vida; sin embargo, en lugar de mejorar pareciera que cada día la situación se agudiza y se sale de control, pues nadie responde al momento de exigir un servicio inmediato que garantice una adecuada atención.

Se ha vuelto cotidiano el tema sobre los problemas de atención que encontramos en las EPS, clínicas y hospitales por culpa del sistema de salud, que cada vez se vuelve más inhumano en la medida que el Estado pareciera hacer las leyes, más para ponerlas al servicio de estas empresas que comercian y se enriquecen a costa de las enfermedades de los colombianos, que para el beneficio del usuario.

Estas empresas promotoras y prestadoras de servicios de salud, desde sus arbitrariedades amparadas en la ley, menosprecian la vida de los pacientes, cuando anteponen sus intereses económicos a la salud de la gente y al bienestar de sus trabajadores. Cada día la gente cree menos en el servicio de salud colombiano, pero no tiene otra opción, sino someterse a que jueguen con su vida, pues el mismo Estado ante la anomia en la que se encuentra, ha desprotegido a sus ciudadanos.

En el mejor de los casos, los pacientes que son atendidos, no reciben los medicamentos que realmente necesitan para su mejoría, sino aquellos que por política de la EPS pueden ser formulados por los galenos que lo atienden.

Los médicos ante la presión que ejercen sobre ellos los usuarios y las EPS, que los obligan a ir en contra de su ética profesional, han terminado por prescribir a los enfermos dos fórmulas paralelas; una impuesta, con medicamentos con poco efecto sanador, pero legalmente permitidos y aprobados por el gobierno, y otra hecha por debajo de cuerda para que el paciente la compre de su bolsillo.

En la fórmula oficial y membretada escriben los medicamentos que poco o nada ayudan a mejorar la salud del paciente, pero que están obligados a recetarlos, so pena de recibir sanciones o cancelación de su contrato, y en otra fórmula, clandestina, pero éticamente correcta, hecha en un papelito en blanco y sin firma que la respalde, le prescriben un medicamento de alta calidad que realmente le sirve para su tratamiento, en caso que esté en capacidad de comprarlo; de lo contrario, deberá conformarse con el de mala calidad que le dan en la EPS.

Muchas clínicas estipulan su servicio según la capacidad económica del cliente o de la EPS que lo ampara. A estos mercaderes de la salud poco les interesa la integridad física de los pacientes, sino asegurar dividendos a costas de la vida humana. Esto es lo que tiene en jaque la salud del país, pues se ha perdido la dimensión humana del servicio, para centrarse en las leyes del mercadeo que defiende la producción y el crecimiento por encima de cualquier otra cosa.

Urge una reforma constitucional que garantice los derechos de los pacientes más allá de la norma escrita, para ayudar a combatir la miseria que genera tantas desigualdades, para que la salud de los colombianos sea tratada como prioridad, como un servicio y no como un negocio que cada día deja mayores dividendos a los empresarios, pero a su vez ocasiona dolor desesperanza y exclusión en quienes no cuentan con los recursos económicos para pagar consultas privadas, por lo que tienen que seguir esperando en las puertas y pasillos de clínicas y hospitales para ser atendidos, -si cuentan con suerte-; de lo contrario seguirán engrosando la escandalosa y vergonzosa cifra de colombianos que mueren ante la indiferencia de un sistema de salud que los menosprecia sin que nadie haga nada.

*Oscar Ariza Daza|BITÁCORA|El Pilón
@Oscararizadaza