Managua, 23 jun (PL) La culminación de un proceso de consultas sobre el proyecto del Gran Canal Interoceánico y la entrada en vigor de una ley que defenderá a mujeres víctimas de violencia sobresalen hoy entre los hechos relevantes de esta semana en Nicaragua.

La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional dirigió el proceso de consultas sobre el anteproyecto de ley que regiría la construcción de una vía acuática entre los océanos Atlántico y Pacífico a través del país.

Diferentes funcionarios emitieron sus criterios sobre la iniciativa de la Presidencia de la República y formularon propuestas para su perfeccionamiento, objetivo básico del curso legal.

El ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos, calificó de excelentes las condiciones ofrecidas para la inversión en esta obra, cuyo financiamiento estimado ronda los 30 mil millones de dólares.

A criterio del presidente del Banco Central, Alberto Guevara, el canal constituirá un elemento impulsor de desarrollo para Nicaragua porque estimulará una transformación económica, productiva y social.

Mientras el Delegado Presidencial para las Inversiones, Álvaro Baltodano, subrayó el derecho del Estado nicaragüense a ser socio mayoritario de la obra con el 51 por ciento de las acciones, como dueña de los recursos naturales.

La presidenta de la Comisión de Infraestructura del órgano legislativo, Jenny Martínez, informó que el dictamen estará listo para ser expuesto en las sesiones parlamentarias del 4 y 5 de julio próximo.

Por su parte, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, en vigor esta semana, introduce nuevos delitos en el Código Penal de Nicaragua como el femicidio o asesinato de una fémina, por el cual impondrá castigos de 15 a 30 años de privación de libertad, según la circunstancia.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, comentó durante la presentación de la norma jurídica que en los últimos 12 años el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 27 mil 531 casos de violencia, en los cuales el 92 por ciento de las víctimas fueron mujeres, la mayoría menores de 18 años. Según la magistrada, la ley como instrumento jurídico pretende dar respuesta al aumento de la violencia de género para proteger a las víctimas, que no se limitan a la persona agredida directamente pues incluye a hijos y otros familiares.

Ramos destacó la voluntad política de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin la cual hubiese sido imposible impulsar por primera vez en el país una iniciativa que enfrente un problema de base cultural muy antigua.

La ministra de Familia, Adolescencia y Niñez, Marcia Ramírez, destacó el contenido preventivo de la ley, que insta a una reflexión sobre los valores cultivados desde las familias y promueve un cambio cultural necesario a favor del respeto y la convivencia, manifestó.