El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que se podría registrar una escalada terrorista de las Farc, para demostrar que llega fortalecida a la mesa de negociación.

Haciendo fuertes observaciones sobre los eventuales diálogos de paz del presidente Juan Manuel Santos, el procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez aseguró que este proceso no se puede “caguanizar”, ya que no sería aceptable que terminara en una reforma constitucional.

El Procurador, quien intervino ante el gremio inmobiliario del país reunido en el Congreso Nacional de Fedelonjas, aseguró que se encontraba escéptico ante este proceso.

“Debo decir, en honor a la verdad, que por las frustraciones de los anteriores procesos en los últimos treinta años y por la desconfianza que las Farc han generado en la sociedad, existe un razonable escepticismo frente a estos procesos. Inclusive, me atrevo a compartirles la siguiente infidencia: en días pasados, no más de un mes, en un encuentro con el señor Presidente de la República, él me preguntó por mi opinión sobre un eventual proceso de paz, y yo le contesté con tranquilidad y suma sinceridad: soy escéptico porque desconfío en las Farc, no podemos hacernos ilusiones” señaló.

Aclaró que esperaba que el Gobierno atendiera sus recomendaciones y que al iniciar el proceso se debían tener en cuenta unas condiciones mínimas de juridicidad y de prudencia política para no vivir un nuevo fracaso.

Manifestó que el proceso de paz debe ser público para que pueda participar toda la sociedad civil. “Es necesario convocar y hacer efectiva la participación de todos los sectores de la sociedad civil y política”, agregó.

Ordóñez indicó que en todo proceso de paz se presenta la necesidad de flexibilizar la justicia, en lo que se conoce como justicia transicional, pero que esta no puede ser la sacrificada.

“ Debe, en consecuencia, haber un mínimo de responsabilidad y no total impunidad. De no ser así, el Estado cometería el grave error de enviar el mensaje equivocado de que el crimen sí paga”, dijo y agregó: “no es posible sacrificar la justicia con el fin de alcanzar la solución negociada de un conflicto armado. Una paz lograda sin justicia no es una paz duradera ni una paz verdadera”.

Aseveró que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y los delitos como la tortura, no pueden quedar en la impunidad y que dentro de la negociación “el Gobierno Nacional debe velar por responsabilizar a los autores de secuestros, masacres, violaciones sexuales, reclutamiento de menores, utilización de cilindros bomba, siembra de minas antipersonal y demás atrocidades que corresponden a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, consagrados en el Estatuto de Roma”, indicó el Procurador General.

Al referirse al tema del narcotráfico afirmó que no se puede perder de vista que es un delito generador de violencia en el país y que se debe verificar qué manejo se le va a dar.

“Es que las Farc ingresarán al proceso de paz en una doble condición; como grupo subversivo y organización narcotraficante, pues no cabe duda de que cada uno de sus frentes es un cartel”, afirmó.

Por ello señaló que la entrega de cultivos, rutas, laboratorios, redes, centros de acopio y la identificación de otros carteles dedicados al narcotráfico, debe ser exigida por el Gobierno en la mesa de negociación.

“Se deben hacer especiales consideraciones sobre el narcotráfico para no repetir las desafortunadas experiencias y así lograr su definitivo desvertebramiento. Es decir, que en el futuro no tengamos que luchar con una versión corregida y aumentada de otras bacrim”, dijo.

En su discurso, Ordóñez señaló que el Gobierno Nacional debe planificar cómo y de dónde se va a reparar a las víctimas y cuál es el tratamiento que se le va a dar a los militares, además de fijar con claridad cuáles son los conceptos de verdad y reparación que se aplicarán en la mesa de negociación con la guerrilla.

Finalmente dijo que el proceso de paz no puede terminar en una Constituyente y que su conclusión debe ser la desmovilización, reinserción y entrega de armas por parte de la guerrilla.

Por Lupe Mouthón Mejía/El Heraldo