Por María Julia Mayoral *

Managua (PL) La Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió sobre el diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia en el mar Caribe, con fallo que reconoció derechos para ambas partes, obligadas a acatar la sentencia inapelable, conforme a las normas.

Emitida el 19 de noviembre de 2012, la resolución del tribunal de Naciones Unidas, con sede en La Haya, Holanda, concita el interés regional y su puesta en práctica enfrenta la reticencia de las autoridades de Bogotá.

Según el dignatario de esa nación suramericana, Juan Manuel Santos, en lo dispuesto por la Corte hay inconsistencias, errores y omisiones, en perjuicio de la soberanía y los recursos de su país.

Mientras el mandatario Daniel Ortega lamentó la postura de su homólogo: Nos preocupa, comentó, el mensaje del presidente de Colombia; primero afirmó que el fallo de la CIJ es definitivo e inapelable en lo concerniente a los derechos de su país, para luego exponer lo contrario en el caso de Nicaragua.

«Palabra que se compromete, palabra que se honra», exigió Ortega, en comparecencia ante miles de personas en Managua.

Mediante el veredicto de la CIJ, Nicaragua recobró área marítima al ser reconocido su derecho a las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva y las prerrogativas sobre plataforma continental.

De acuerdo con cálculos preliminares del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, se recuperaron alrededor de 90 mil 350 kilómetros cuadrados de espacio marítimo usurpado durante años.

Aunque la nueva frontera extendió la soberanía de Nicaragua hacia el este del meridiano 82, mantiene una franja marítima de jurisdicción colombiana a la altura de las islas de San Andrés y Providencia, así como un radio de 12 millas náuticas alrededor de los cayos Serrana y Quitasueño.

La CIJ adjudicó a Bogotá la totalidad de los siete cayos en litigio: Serrana, Quitasueño, Albuquerque, Bajo Nuevo, Este-Sudeste, Roncador y Serranilla.

Con la sentencia del 19 de noviembre, la Corte puso fin a un pleito de 11 años ante ese organismo de Naciones Unidas, cuyo primer pronunciamiento en 2007 confirmó la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También consideró entonces que el meridiano 82 no constituía límite fronterizo y se declaró competente para dictaminar sobre el tema.

En su juicio final, la CIJ reconoció validez y vigencia al Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra (1928), rechazado por Nicaragua en 1980, porque cedió territorios a Colombia, en condiciones anómalas, «con vicios de consentimiento», pues el país estaba ocupado militarmente por Estados Unidos.

Al mismo tiempo, el tribunal descartó jurídicamente que el tratado de 1928 establecía una frontera en el meridiano 82, como planteaba Bogotá, y reconoció para Nicaragua mayor espacio territorial en el mar Caribe.

Reportes fechados en la capital colombiana indican que la canciller María Ángela Holguín confirmó que su gobierno estudia «seriamente» el retiro del pacto, mediante el cual ese Estado reconoció en 1948 la jurisdicción de la CIJ.

La ministra anunció que pusieron en conocimiento de las organizaciones multilaterales el descontento por el fallo, mientras la Armada (Marina de Guerra) de este Estado suramericano permanece en aguas del Caribe cercanas al archipiélago de San Andrés, pertenecientes a Nicaragua, según el dictamen en La Haya.

El comandante de esa institución militar, almirante Roberto García-Márquez, dijo a la prensa que recibió órdenes de mantener los navíos en el área.

REFERENTES Y LECTURAS

En artículo sobre la controversia, retomado por la publicación Informe Pastrán, el actual embajador de Nicaragua en España, Augusto Zamora, sustentó la importancia de auxiliarse de la historia para comprender los orígenes del conflicto.

«Lo primero que hay que tener en cuenta es que este no es un diferendo limítrofe, geográfico. Colombia no tiene fronteras con Nicaragua. Dista más de dos mil kilómetros de la Costa Atlántica nicaragüense y entre Colombia y Nicaragua se interponen Costa Rica y Panamá», observó.

Todo comenzó a fines del siglo XVIII por disposiciones del colonialismo español para hacer valer su autoridad territorial en América frente a las pretensiones igualmente expansionistas de la corona británica.

Para del doctor salvadoreño Alejando Gómez Videz, magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, «si Colombia persiste en su negativa de cumplir una sentencia de esta índole se va ha convertir en un escaria del derecho internacional».

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, Alba Luz Ramos, ratificó que la voluntad de Managua es privilegiar el diálogo y el entendimiento para la solución pacífica de las controversias.

Ramos recordó el carácter inapelable e ineludible de la sentencia de la CIJ, de acuerdo con las normas del derecho internacional: «En este caso concreto, la Corte reafirmó su jurisdicción y Colombia concurrió a la Corte, participó del procedimiento, contestó las memorias, por lo tanto no puede ahora decir que no lo reconocen».

PERSPECTIVAS

Consultado por la prensa, el ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, consideró que el veredicto de la CIJ devolvió al país áreas con una gran riqueza marítima, óptimas para la pesca en distintas modalidades.

Además, la zona cuenta con potencial petrolero, en cuyo estudio podrán participar empresas foráneas, mediante contratos de exploración y prospección, sujetos a requisitos en materia medioambiental, refirió el funcionario.

Investigaciones científicas señalan la existencia de yacimientos, con posibilidades de explotación comercial, resumió.

Similares perspectivas reconoció la titular del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), Juana Argeñal, quien comunicó la decisión de aunar esfuerzos entre Instituto de la Pesca, alcaldías y gobiernos regionales para la protección y el uso de los abundantes recursos pesqueros devueltos al país.

La ampliación de la plataforma marítima de Nicaragua significa mejores oportunidades para los pescadores artesanales, en aras de desarrollar faenas amigables con el medio ambiente, sin afectar las especies, aseveró.

Marena y el Instituto de la Pesca despliegan trabajos conjuntos para determinar el estado poblacional de las especies marítimas en aguas territoriales, respondió.

Según evalúa aquí el presidente del Foro Nacional de Reciclaje (Fonare), Kamilo Lara, la demarcación nicaragüense en el mar Caribe es una de las mejor conservadas del mundo, con la ventaja de que una parte de la plataforma, al no tener aguas profundas, posee amplia variedad de peces, caracoles, langostas, pepinos y caballitos del mar, entre otros especímenes.

*Jefa de la corresponsalía de Prensa Latina en Nicaragua.