Managua, 29 nov (PL) El Parlamento nicaragüense considerará hoy las implicaciones, para la integridad territorial y la soberanía nacional, de la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre el diferendo marítimo de este país con Colombia.

Figuran como promotores de la iniciativa el titular de la Asamblea Nacional, René Núñez, y el legislador liberal Wilfredo Navarro, según trascendió la víspera.

El texto expone los antecedentes históricos que condujeron a la pérdida por parte de Nicaragua de accidentes geográficos y aguas territoriales en el mar Caribe.

También sopesa los principales hitos políticos y jurídicos contra ese despojo, incluida la demanda interpuesta en diciembre de 2011 contra Colombia ante el máximo tribunal internacional, con sede en La Haya.

En la exposición de motivos, documento recuerda el carácter ineludible e inapelable del fallo dictado el 19 de noviembre de 2012 por la CJI para poner fin a un pleito de 11 años en esa instancia del sistema de las Naciones Unidas.

«El derecho internacional le dio la razón a Nicaragua, no es posible que se le arrebate por la fuerza, sería un golpe a la paz y la convivencia internacional», evalúa la propuesta de declaración elaborada por los dos legisladores.

Por su parte, el Ejecutivo invitó este miércoles a todos los gobiernos a reafirmar su compromiso con la justicia y el derecho a partir del fallo de la CIJ en torno al contencioso con Colombia.

El cancille Samuel Santos pidió a los miembros aquí del cuerpo diplomático «compartir el júbilo por el compromiso de ambos gobiernos, los de Nicaragua y Colombia, por su decisión de ajustarse a las normas de convivencia pacífica que deben regir las relaciones entre las naciones».

«La voluntad de paz debe afincarse entre nuestros pueblos y gobiernos. El respeto al Derecho Internacional debe prevalecer sin que se produzcan acciones que lo lesionen y, por ende, pongan en entredicho la racionalidad de la conducta de los Estados que dudan de su eficacia», agregó.

«Nicaragua ya ha dado pasos concretos en esta dirección, y el Gobierno de Colombia también ha expresado su interés. Confiamos en que pronto veremos resultados concretos», expuso el ministro de Relaciones Exteriores.

El fallo de la CIJ del pasado 19 de noviembre dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, con sus consiguientes derechos marítimos, mientras devolvió a Nicaragua alrededor de 90 mil 300 kilómetros cuadrados de mar, ricos para pesca y en otros recursos naturales.

En las últimas horas las autoridades de esa nación suramericana confirmaron el retiro del Pacto de Bogotá de 1948, mediante el cual los Estados partes reconocieron la jurisprudencia de la CIJ para la solución pacífica de las controversias.

Ese anuncio carece de efecto para el juicio concluido sobre el caso Nicaragua-Colombia, aclararon expertos, como el doctor Carlos Argüello, representante de este país ante el Tribunal Internacional en La Haya.