DESDE LA BARRERA
Por: Gustavo Rodríguez Gómez
En más de una ocasión en esta columna se ha mencionado como la corrupción mina las posibilidades de desarrollo.
De acuerdo a la declaración de los Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU ha determinado que «el fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otros privilegios), constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que, generalmente, entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley y, en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen.»
Pues bien, hace poco, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por la ONG Transparencia Internacional y divulgado el miércoles pasado en Berlín, dentro de un rango entre cero y cien puntos (donde cien es el puntaje para la no corrupción y cero muestra la corruptela absoluta), Colombia apenas obtuvo 36 puntos que la sitúan en el puesto # 94, junto a Grecia, India, Moldavia, Mongolia y Senegal, y por debajo de países vecinos como Brasil, Cuba, Perú, Panamá, Jamaica, El Salvador y Surinam. Según el informe, “La corrupción en Colombia ha alcanzado un carácter estructural” y en el ámbito americano, “se encuentra con calificaciones deficientes, menor a la de 19 países y [solamente] superior a la de 12″.
Entre los 176 países evaluados por el IPC, ese puesto ocupado por Colombia –el 94, con un puntaje tan bajo– la sitúa en el rango inferior de la tabla. Según se explica en la página de Transparencia Internacional, el IPC evalúa y clasifica los países o territorios basándose en qué tan corrupto se percibe que es su sector público.
La razón por la cual el IPC se basa en percepciones, se debe a que la corrupción se caracteriza por las actividades ilegales, las cuales sólo se conocen por escándalos, investigaciones o procesos.
La directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, considera que “Hay denuncias, procesos de investigación, nuevas normas, pero se percibe que la sanción no es efectiva, [porque] predomina una sensación de impunidad.”
Sin embargo, el informe parece haberse quedado corto y, por tanto, deja la sensación de haber sido magnánimo con Colombia, en donde el pobre es cada día más pobre y cada vez siente que las oportunidades escasean. Donde el dinero es repartido entre los políticos y el olvido de la sociedad necesitada es más grande cada día. Colombia es tan corrupta que para poder conseguir un trabajo en el sector oficial, hay que tener un conocido en la entidad a la cual se aspira; de lo contrario la oportunidad se esfuma.
Ahora bien, si a la corrupción se le suma la impunidad, el cuadro se torna desolador; porque no se debe olvidar que esta situación –definida como la ausencia de investigación, juzgamiento y castigo para quien incurre en delitos consagrados como tales en la ley– ha sido una constante en la historia de la sociedad colombiana. Sin embargo, esta recurrencia no implica homogeneidad de las causas y explicaciones del fenómeno, ya que una cosa es entender la impunidad como resultado de la incapacidad material del aparato de justicia –propia de países subdesarrollados– y otra entenderla como una estrategia estatal de ocultamiento de su responsabilidad y la de sus agentes, con miras a la consolidación de prácticas político-militares, que permiten defender un sistema social y económico excluyente e injusto.
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