Bogotá, 12 dic (PL) El proyecto colombiano de reforma al fuero militar, aprobado en debate último en el Congreso, con 54 votos y cinco en contra, generó críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos, inquietudes e incertidumbres en la población.

El punto más candente de la iniciativa, encaminada a separar los delitos comunes de aquellos que serían sometidos a la competencia militar, se refiere a los llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales cometidas por oficiales de la fuerza pública contra civiles presentados luego como guerrilleros caídos en combate.

Los militares ejecutores de esos crímenes, que despuntaron en 2008 cuando el presidente Juan Manuel Santos fungía como ministro de Defensa, en la mayoría de los casos fueron recompensados con ascensos, entre otras distinciones, señalan analistas.

Según el proyecto, los delitos que estarán bajo el arbitrio de la justicia común serán los de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, desplazamientos forzados y ejecuciones extrajudiciales.

Quienes objetan la reforma apuntan que el acápite de ejecuciones extrajudiciales no incluye precisiones relativas a los falsos positivos. La ley estatutaria que los regulará no estará lista hasta dentro de un año, argumentan.

Entretanto los mil 500 casos de falsos positivos denunciados, bajo investigación actual de la Fiscalía, quedarán en una especie de limbo y los ejecutores que cumplen prisión preventiva hasta ahora, una vez expirado ese lapso sin ser juzgados, podrían pedir su excarcelación.

La reforma establece, además, la creación de un Tribunal de Garantías Penales que servirá de juez de control en cualquier investigación o proceso penal que se inicie contra miembros de la fuerza pública.

A la par, se encargará de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar.

El senador Armando Benedetti no ocultó su preocupación frente al riesgo latente para los procesos de falsos positivos que están bajo competencia de la justicia ordinaria.

Según Benedetti, al no estar tipificado en Colombia el delito de ejecuciones extrajudiciales, ello pone en riesgo las investigaciones en curso.

«No estoy satisfecho con la aprobación del proyecto. Yo pretendía que los falsos positivos fueran juzgados en la justicia penal ordinaria y aplazar la vigencia de la norma mientras se tipificaba el delito de las ejecuciones extrajudiciales», señaló.

Pese a ello, añadió, «espero que todo se haga de la mejor manera».

Organizaciones internacionales de derechos humanos califican la reforma «de evitable» y un empecinamiento del Gobierno y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en alterar las reglas del juego al suponer que las Fuerzas Militares están en capacidad de autorregularse.

Con esto se retrocede a las décadas de los 80 y 90, cuando se cometían «violaciones de los derechos fundamentales con total impunidad», subrayan.

La canciller María Angela Holguín consideró que los organismos internacionales defensores de derechos humanos han malinterpretado la reforma al fuero militar y anunció que hará una campaña internacional para buscar consenso externo.