Por: |El Tiempo|Bogotá

ernesto-samperNo basta con proclamar a los cuatro vientos que la política represiva fracasó si no se tienen ideas claras sobre la política que debe sustituirla’, dice el expresidente Ernesto Samper.

Su nuevo libro ‘Drogas, prohibición o legalización, una nueva propuesta’ sale este jueves.

La historia de las drogas ilegales es la de su prohibición. La norma según la cual todo ser humano tiene libertad para consumir lo que le apetezca en ejercicio de su libre albedrío ha corrido paralelamente con los intentos autoritarios por establecer cortapisas a esta libertad por razones políticas, religiosas, éticas o económicas. La droga se ha prohibido para legitimar dogmas, justificar intervenciones militares, satanizar comunidades y proteger utilidades criminales.

Es clara la distinción en Estados Unidos entre una política conservadora que nace de su consideración como un “problema moral” –droga es igual a crimen– y la concepción moderada. Aquella se basa en la represión, la intolerancia absoluta del consumo, la confusión entre consumidores y vendedores, el aumento de penas, el fortalecimiento de la estrategia militar y la internacionalización de la guerra, sin mayores concesiones al tema en materia de garantías constitucionales y derechos humanos. En cambio, la moderada introduce el factor preventivo de la educación, la protección del adicto como paciente, la separación de consumidores y vendedores, la prevención en lugar de la disuasión y acciones en el campo de la oferta sin pretermitir derechos constitucionales, como lo proponía Edward Kennedy.

La discriminación hoy obedece a valoraciones más políticas que, siguiendo criterios de moral subjetiva (Weber), dividen las drogas entre dañinas e inocuas. La satanización que caracteriza la actual clasificación internacional de las drogas ilegales corresponde a decisiones políticas que trascienden el campo de las ciencias: las drogas ya no son buenas o malas, sino peligrosas o no peligrosas. Con este criterio se han conformado listas de sustancias prohibidas sin reparar en el tipo de daño que producen, ni los tratamientos que podrían curar, prevenir o regular su uso. Esta lista de drogas prohibidas –que pasan de mil en su número– se asimila al índex de la Inquisición, que contenía la lista de los libros prohibidos.

No basta con proclamar a los cuatro vientos que la política represiva fracasó si no se tienen ideas claras sobre la política que debe sustituirla. En la base de la prohibición yace una serie de elementos que deben ser valorados para que el cambio de política sea posible. Está el rechazo religioso al consumo de drogas, que considera su uso una desviación ética de los principios que sostienen sus doctrinas; para los musulmanes, por ejemplo, el consumo de estas sustancias, incluido el alcohol, es un imposible moral que atenta contra su fe y su doctrina. Asociados con la prohibición religiosa están el fundamentalismo moral y su empleo como justificación de la interdicción política.

El síndrome del fruto prohibido viene de Adán y Eva y el dilema sigue siendo el mismo: no los expulsaron del paraíso por el gusto que les dio haber comido la manzana, sino por desobedecer la prohibición que les impedía que la probaran. El caso de las drogas puede resultar parecido: la prohibición ha terminado siendo más nociva que el daño personal que pueden causar las drogas prohibidas. La diferencia con el caso de Adán y Eva es que entonces el que prohibía era Dios y no la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas.

Si se excluye la marihuana, el problema internacional de las drogas se reduciría a interceptar 40 camiones de diez toneladas cada uno, donde cabe toda la heroína que produce anualmente el mundo, y otros 90 de la misma capacidad que alcanzarían para interceptar toda la cocaína. Así, resultaría más económico y eficiente ejercer sobre ellas un control a través de la regulación del mercado que insistir en la actual política represiva.

Cuando la cantidad demandada no depende del precio ofrecido, como sucede en el caso de las drogas ilícitas, los mayores esfuerzos represivos producen resultados inferiores a los que se obtendrían si las drogas fueran legalizadas y gravadas con altos impuestos (Becker, 2004). Está probado y comprobado que, frente a la alternativa de trabajar en escenarios de legalidad o ilegalidad, la decisión de perseguir un bien es mucho menos efectiva, en términos de rentabilidad económica para el Estado, que la imposición de un gravamen acompañada de campañas educativas para reducir su consumo. Si los impuestos que debe pagar el consumidor, en el escenario de una despenalización de las drogas, son iguales al costo social que produce el consumo ilícito de las mismas, la decisión entre consumir una droga legal o una ilegal será la misma.

Al contrario, cuando la prohibición se concentra en una droga, su consumo, por el principio de vasos comunicantes, se desplaza a otra que la sustituye, como sucedió cuando la heroína reemplazó al opio y la cocaína, a la heroína.

La marihuana ha comenzado a ser legalizada de hecho en muchos países como respuesta a un movimiento mundial a favor de otorgarle un tratamiento especial, que empezaría por separar su manejo del de otras drogas ilícitas. En la base de esta propuesta de darle a la marihuana un “tratamiento especial” está el reconocimiento de su menor nocividad para la salud, su arraigo cultural y la extensión social de su consumo. En Estados Unidos, Colorado, Washington y Oregon decidieron, en las últimas elecciones, seguir el mismo camino iniciado por California de dar un tratamiento más permisivo a la producción, la distribución y el consumo de marihuana.

No se puede cometer el error, sin embargo, de pasar del fundamentalismo prohibicionista al fundamentalismo legalizador. La presencia del Estado en un paradigma alternativo a la fiscalización es tan importante como lo ha sido en la política actual de persecución.

ERNESTO SAMPER
Expresidente de Colombia