Bogotá, 17 jul (PL) El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, urgió al Gobierno colombiano y a los líderes campesinos del Catatumbo a reanudar las negociaciones para lograr salir de la crisis que mantiene paralizada a esa norteña región hace 38 días.

En su llamado, instó a las partes a buscar el camino del diálogo para evitar que sigan enfrentamientos que conlleven a la pérdida de vidas humanas como ya ocurrió desde que iniciaron las protestas, cuando la fuerza pública abrió fuego, con un saldo de cuatro muertos y decenas de heridos.

Otálora reiteró su disposición como mediador para contribuir a un nuevo acercamiento entre el Gobierno y los campesinos, tras el fracaso de tres intentos de negociación.

Las conversaciones quedaron otra vez empantanadas el lunes último y sin ninguna esperanza a la vista.

El Gobierno intenta hacer presión para que se desbloqueen las vías, pero los manifestantes han reiterado que no lo harán hasta llegar a un acuerdo sobre el pliego de peticiones que exigen, entre ellos la declaración de una Zona de Reserva Campesina.

Otro de los que expresó su preocupación por la situación en esa zona del departamento del Norte de Santander fue el cantautor Juanes quien pidió a las partes encontrar «un punto medio» para superar la crisis y salir adelante.

El paro en el Catatumbo sigue complicándose mientras los campesinos, cansados por un abandono estatal de más de siete décadas, continúan en resistencia enfrentando constantes arremetidas de la fuerza pública que la víspera volvió a reprimirlos con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y balas de goma.

Los campesinos denunciaron que el ejército también ha bloqueado la señal de los celulares. Según cálculos de los manifestantes, alrededor de unos siete mil efectivos se encuentran desplegados en el Catatumbo.

El presidente Juan Manuel Santos volvió a exigirles a los agricultores que desalojen las vías. En una alocución pública la víspera fue tajante: «Nunca voy a permitir que me impongan el establecimiento de zonas de reserva campesina», dijo.

Ese tema de la Zona de Reserva ha sido uno de los inamovibles del Gobierno en la mesa de interlocución, y la principal demanda de los campesinos, que piden esa declaración para evitar el avance del latifundio que se profundizó en esa región con el paramilitarismo.

Las Zonas fueron establecidas en 1994 por la ley 160 como una figura de ordenamiento territorial con el fin de consolidar la supervivencia y la economía rural.

En el pliego de peticiones, los labriegos también insisten en un plan piloto para sustituir los cultivos ilícitos, la situación de los derechos humanos en la zona, subsidios para mitigar la crisis alimentarios y mejores condiciones de vida.