leandro_diazEl verdadero valor de legar y tasar la inspiración trasciende cuando la industria se ha olvidado de la obra musical, pero no de cobrar sus regalías.

Se le puede echar la culpa a la ceguera. Otros, en cambio, señalarán su origen humilde, su sencillez. Su sensibilidad desbocada para parir letras sin poder leer y escribir fue más grande que la malicia escondida en papeles que prometían hacer famosas sus composiciones. Siempre se conformó con lo que le dijeron, que aunque era legal, resultó absolutamente injusto.

La semana anterior, la Corte Constitucional rechazó el proyecto de Ley 39 de 2009 del Senado y 306 de 2010 de la Cámara, de autoría del senador Jorge Guevara, que pretendía, entre varios puntos esenciales, expropiar a las disqueras que atesoran las regalías de la obra de Leandro Díaz e indemnizar con una “suma justa” a la familia del desaparecido artista guajiro.

A primera vista resulta plausible la intención del congresista, velando por darle a cada quien lo que corresponde, más aún luego de conocer que el círculo cercano de Díaz apenas recibía mensualmente, según su hijo Ivo, $333.000 pesos.

Sin embargo, jurídicamente, y tal como lo argumentó la Presidencia de la República, “la expropiación administrativa de la obra del maestro no está fundada en motivos de utilidad pública o de interés social que justifiquen la afectación de la propiedad de los derechos patrimoniales de autor”, tal y como lo quería hacer parecer Guevara (las intenciones políticas de su gestión también deberían ser analizadas).

En otras palabras, volver públicos los derechos privados de autoría de Díaz (pese a que este apoyó el proyecto de ley) no tenía cabida y sustento social real; no respondía a una necesidad auténtica de legar la obra a la Nación, pues “no se encuentra en peligro y su acceso al público no está limitado”.

Dicho esto habría que abordar, entonces, las obligaciones contractuales de la familia del compositor y en manos de quién dejó este su legado, que en este caso señala a la disquera. “Porque una persona sea un compositor y se muera no quiere decir que su familia sea dueña de ese legado artístico”, subraya enfáticamente el abogado Abelardo De la Espriella, resaltando la vigencia de un contrato –en caso de haberlo, como en este– que “es ley para las partes, y eso es lo que determina cuál es el comportamiento comercial de las obras a futuro”.

Su versión la ratifica Gina De Echeona, abogada especialista en derechos de autor, y quien trabajó en la división respectiva del Ministerio del Interior que vela por la propiedad intelectual. “El derecho de autor es un derecho privado, el más privado que existe en la legislación. Es la voluntad que tiene el autor de disponer su obra como quiera (…) así como puede decir que regala su obra para que todo el mundo la vea, ya sea en internet, o como quiera, también puede decir que limita el uso a como él quiera que sea tratada”.

El proteccionismo de la legislación colombiana, adscrita a tratados internacionales de la Ompi (Organización Mundial de Propiedad Intelectual), es vehemente al conceder los derechos al dueño de estos según el contrato firmado por la persona natural (el autor) y la persona jurídica (las editoriales, ligadas a disqueras).

Es verdaderamente difícil desintegrar ese vínculo, ese acuerdo de voluntades sin ningún tipo de vicios legales llamado contrato. Es legal, aunque no justo, y es ahí donde reside el carácter controversial de los mismos.

Hay que decir la verdad, ¿qué firmaban los artistas con las disqueras? Unos contratos leoninos, un concepto que jurídicamente habla de un trato desequilibrado, en el que la disquera ponía las condiciones y el artista miraba a ver si firmaba. Algo así como “yo le hago un favor, yo lo voy a volver artista, así que usted firme lo que sea”, señala la especialista.

Se aprovechaban de las carencias económicas de los creadores, y como dice De Echeona, “de su sensibilidad”, que solo velaba porque su obra fuera conocida por las personas, sin cuidar el verdadero valor de su producción  intelectual. Es por eso que los 100 o 300 millones pagados en el momento llenaban vacíos que hoy regresan.

¿Se pierden los derechos de autor al dejar su patrimonio en manos de la disquera? Si el contrato lo establece, sí, para bienes y males de cada una de las partes involucradas, llámese familia o disquera.

“Mal haría el Estado en expropiar unos derechos que fueron cedidos por voluntad misma del autor  a una disquera, que a su vez comprometió sus recursos financieros para llevar la música a unas instancias que el Estado no hubiera hecho”, concluye la abogada. Al César lo que es del César, aunque haya sigo ganada con pericia tramposa.

Sin mucho que poder hacer frente a un acuerdo firmado, lo que sí cabe es pensar qué hace el Estado por la cultura nacional. Qué hacer con los artistas que se encuentran desprotegidos y sin patrimonio luego de sus 15 minutos de fama, que contribuyeron, además, a la herencia cultural del país. “No hay una política de industrias creativas, no hay nada”.

A los artistas le queda la gran lección de asesorarse, de aprender a defender lo suyo por los propios medios. No se trata de echarse a llorar, ahora, por lo que se perdió. Se trata de repensar el valor de la propiedad intelectual, un patrimonio intransferible e incognoscible.

Casos sonados

Leandro Díaz. La Corte Constitucional acaba de dejar su legado en manos de las disqueras, luego de que un proyecto de ley intentara convertir la obra del juglar vallenato en un bien público e indemnizar a su familia con un “valor justo”, según el senador Jorge Guevara.

Joe Arroyo. Sus hijas Eykol y Nayalive, producto de su matrimonio con Mary Alonso y representadas por Abelardo De la Espriella, llevan un pleito legal (actualmente archivado) con la viuda del artista, Jaqueline Ramón, quien se queda con toda las regalías por intermedio de la empresa que tiene a su nombre y al de su hermana.

Rafael Escalona. Su obra está en manos de las disqueras, pues, en su momento, el autor cedió sus derechos de autoría, que no pudieron ser reclamados por sus familiares. Asimismo, Caracol Televisión posee otra parte de su obra. Su caso es parecido al de Leandro Díaz.

Wilson Choperena. El compositor de ‘La pollera colorá’ murió sin conocer las verdaderas mieles que le prometió escribir uno de los temas insignes de la cultura nacional. Al momento de su deceso, trascendió en los medios que su mensualidad era de 200.000 pesos mensuales. No pudo sacarle más a su editora.

POR: ANDREA JIMÉNEZ J./EL HERALDO