colombia_gustavopetro01Bogotá, 26 abr (PL) El alcalde bogotano Gustavo Petro calificó de galimatías jurídico las impugnaciones a su restitución presentadas la víspera por la Procuraduría y el presidente Juan Manuel Santos, quien el pasado miércoles lo reintegró a sus funciones.

Santos acató ese día el fallo del Tribunal Supremo de Bogotá que le ordenó aplicar las medidas cautelares (protección de derechos) otorgadas a Petro por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual refrendó mediante decreto, anunció en esa oportunidad.

Con eso dejó sin efecto la destitución del primer mandatario citadino, solicitada por la Comisión hasta tanto no realizara un estudio a fondo del caso, que determinó permitirle, en tanto, continuar su mandato, para el cual fue elegido por votación popular del 1 de enero de 2012 hasta la misma fecha de 2016.

El pasado miércoles 23 de abril Petro regresó al Palacio de Liévano, sede de la alcaldía, para reasumir sus funciones aunque oficialmente sigue destituido e inhabilitado (15 años), según la sanción disciplinaria dictada en su contra por el procurador Alejandro Ordóñez.

Este alegó supuestas irregularidades cometidas por Petro durante la puesta en marcha de un nuevo sistema de aseo urbano.

Según explicó el alcalde, en el reporte de la Procuraduría aun están registradas su inhabilidad y destitución, «lo que representa un desacato a la justicia porque un juez ordenó dejar sin efecto esa decisión del procurador».

En otras palabras, en lo que se refiere al cumplimiento de las sanciones, el certificado actual de los antecedentes disciplinarios del alcalde se mantiene vigente su inhabilidad y destitución, refrendada mediante decreto el 20 de marzo de 2012 por el propio presidente que firmó, 33 días después, la víspera su restitución.

Las decisiones en mi contra «ya no son de oposición, son de odio, estoy destituido, inhabilitado y embargado, solo me queda el destierro o la muerte», ironizó el primer mandatario citadino.

Todo eso, señala un editorial del diario El Espectador, en la recta final de la campaña presidencial y la incertidumbre de si Bogotá se verá abocada a corto plazo a uno de dos procesos electorales o, incluso, a los dos.

Uno de ellos la nueva revocación del alcalde o las eventuales elecciones atípicas para reemplazarlo.

En suma, «el mismo rifirrafi político» que se vive semana a semana en Bogotá desde el 9 de diciembre de 2013 cuando la Procuraduría sancionó a Petro y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos, subraya el periódico.

Por su parte, el Consejo de Estado estudia una demanda de nulidad contra el dictamen del procurador, que podría suspender sus efectos.