“En defensa del interés general”

En una audiencia pública que se extendió por más de 10 horas, el alcalde de Valledupar Fredys Socarrás Reales decretó la caducidad del contrato de concesión 015 del 28 de febrero de 2005, suscrito entre el Municipio de Valledupar representado por el entonces alcalde Ciro Pupo Castro y la Unión Temporal Sistema Inteligente de Tránsito de Valledupar (UT SIT Valledupar).

La decisión quedó plasmada en la Resolución 01250 del 18 de julio de 2012 al quedar en firme los cargos presentados en la Resolución 1177 del pasado 29 de junio.

El alcalde anunció anoche que también retoma el control der amoblamiento Urbano en virtud de un mandato de la Procuraduría que incluso sancionó por ese motivo a dos exalcaldes.

La decisión del alcalde se produjo seis meses después de tomar el cargo y con ella comienza a cumplir su propuesta de campaña cuando anunció la revisión de las concesiones.

Desde hoy la alcaldía retoma plenamente las funciones de la Secretaría de Tránsito transferidas en parte a la Concesión desde el año 2005.

Las razones fundamentales consideradas por la administración Municipal para decretar la caducidad del contrato que Tenía un horizonte hasta el 2025, son las de incumplimiento e irregularidades en el mismo.

La audiencia pública inició como había sido programada cerca de las 10 de la mañana, pero a los pocos minutos de iniciada, el gerente de la Concesión, Diego Bustos, se retiró de la sala de Juntas de la Alcaldía, lugar de la audiencia, y adujo falta de garantías y violación al debido proceso.

No obstante, el representante de la Concesión dejó un documento de 91 páginas en el que registró el soporte jurídico con el que contestó los cargos presentados por el gobierno Municipal, con base en el informe de la interventoría a cargo de la secretaria de Obras Públicas, Yarime Lobo Baute.

A la audiencia además de los representantes legales de las partes, asistieron algunos concejales, así como secretarios del Despacho Municipal, la contralora, Mercedes Vásquez Ramírez; el personero, Alfonso Campo Martínez y Edgardo Maestre, delegado de la Procuraduría. Estuvieron presentes miembros de las veedurías ciudadanas y de la comunidad, además de la prensa local.

Entre los hallazgos informados por la interventoría se cuentan:

Incumplimiento de la concesión del pago de los impuestos de Industria y Comercio, así como los de Estampilla Pro Cultura y Pro bienestar del anciano. No presentó la Garantía Única de Cumplimiento con cobertura total de los ingresos, sino por sólo un poco más de 610 millones de pesos, que fue el tope inicial del contrato en el año 2005 para la firma del mismo. El uso de firma mecánica de forma ilegal y fraudulenta, como el ocurrido con la exinspectora Julieta Margarita Hinojosa Daza y otros. El Centro Integral de atención al usuario, CIA, no está habilitado para operar por el Ministerio del Transporte. La suspensión al acceso al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, durante nueve días por incumplimiento en los pagos. Violación de una de las cláusulas del contrato de concesión al ceder de hecho el contrato inicialmente suscrito con la firma UT SIT Valledupar a la firma UT SIT SAS, lo cual constituye un abandono del contrato, consideró la Administración Municipal.

“Fue una audiencia fallida”: Concesión de Tránsito

El desarrollo de la audiencia fue calificado como fallido por la Concesión de Tránsito, según dijo ayer el gerente general de la Concesión, Diego Bustos.

“Al modo de ver de la Concesión de Tránsito, es una audiencia fallida en tanto que el despacho del señor alcalde y las personas que lo acompañaban no nos permitieron hablar, no nos dieron lugar para llevar a cabo la exposición, tanto de forma como de fondo que teníamos preparada para hacer valer los intereses de la concesión; ellos nos señalaron que debíamos acreditar unos poderes y una representaciones legales que ya estaban acreditadas en la Alcaldía, eso se lo hicimos ver al señor alcalde, le dijimos que creíamos que estaban vulneradas nuestras garantías procesales. A nuestro modo de ver, muy respetuoso, creemos que hay preconcepción y una predisposición de la Alcaldía para escucharnos”.

Aseguró Bustos, que todos los incumplimientos de los que se les señala a la concesión provienen de la secretaria de Tránsito Oriana Urón Pinto, hija de quien han sido enemigo de esa concesión.

“Aquí no hay un solo cargo a la concesión que no haya provenido de la doctora Oriana Urón, que como todos lo saben es hija del doctor José Luis Urón, director de la Cámara de Comercio y quien ha sido enemigo de las concesiones, tanto que ha demandado a esta concesión para que acabe ante los estrados judiciales, pero ha perdido dos batallas ya judiciales en dos instancias ante un juzgado administrativo y ante el Tribunal Contencioso Administrativo”.

Resaltó Bustos que en vez de perjuicios, la ciudad se ha beneficiado con la Concesión de Tránsito, la cual asegura que ha invertido cerca de $11 mil millones en esta capital.

“Aquí está la semaforización, aquí está la red inalámbrica, aquí hay inversiones cercanas a los 11 mil millones de pesos, aquí hay modernización funcional de la Secretaría de Tránsito”, sostuvo.

Finalmente, manifestó Bustos que la Concesión interpondrá todos los recursos legales porque no han incumplido con ningún deber contractual.

“La ciudad no está preparada para llevar la prestación de un servicio de esta naturaleza, estamos hablando de que la concesión viene prestando este servicio desde hace siete años e invirtiendo 11 mil millones en recursos que no los tiene el Municipio y que no los tendrá, el municipio estuvo ad portas -si no lo está todavía- de entrar a la ley 550, como le dolería a la comunidad vallenata, como le dolería a la ciudad que una concesión a la que injustamente hoy le pretermitieron su derecho a defenderse se vea alejada de la ciudad, por una decisión a nuestro modo de ver politiquera y poco juiciosa del análisis de la realidad de la concesión”, puntualizó.

El Pilón