Caracas, 9 sep (PL) La seguridad de la industria petrolera venezolana, pieza clave en la economía nacional, destaca hoy entre las prioridades del gobierno ante acciones desestabilizadoras en los últimos años que tienen como blanco a ese sector.

Las autoridades evalúan medidas para fortalecer la protección de instalaciones productivas, plantas de procesamiento, oleoductos y yacimientos, tomando en cuenta la importancia de la actividad al contar el país con reservas probadas de 297 mil 700 millones de barriles.

En esa dirección, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, expone este lunes elementos probatorios que demuestran una acción de sabotaje que llevó a la explosión registrada hace un año en la refinería Amuay (estado Falcón).

Ramírez adelantó que el comité de investigación determino que el orígen de la falla está relacionado con una acción contra uno de los sistemas más críticos del bloque afectado.

Esa actuación originó una fuga de tres mil 570 barriles de olefina (hidrocarburo que se evaporiza al contacto con la atmósfera), la cual a su vez generó una nube que explotó tras activarse una fuente de ignición.

La investigación fue minuciosa, sin alteración de los elementos de prueba, con simulaciones, estudios químicos, descarte de fugas en las empacaduras de fallas en el sello mecánico, entre otros estudios.

El también presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) indicó que el informe elaborado se ajusta a las prácticas de las industrias petroleras a nivel internacional y contó con la participación de más de 25 expertos en el área técnica.

Como antecedente de los ataques al sector de hidrocarburos está el paro activado en el 2003 por la derecha y que llevó incluso a un severo recorte productivo hasta apenas 23 mil barriles diarios de crudo.