El silencio en Urabá I

El caso San Pedro1
Por: Alfredo Molano Bravo

Un tema central del proceso de paz es la propiedad de la tierra en regiones como el eje bananero antioqueño. Después de la sonada reunión del presidente Santos con miles de campesinos en Necoclí, nada se ha hecho.
Apartadó está lleno de panaderías, tiendas de moda barata, discotecas, casinos y calor. Es una ciudad —sin duda— paisa, rodeada de cultivos de banano. No hay un solo pedazo de tierra sin banano. Uno solo, sí, recuerdo ahora: un pequeño cementerio rodeado también de banano. Deben estar ahí enterrados algunos de los miles de muertos que costó tanto banano. El banano llega hasta las primeras estribaciones de Abibe, las montañas que separan la zona bananera del Paramillo.
El paisaje cambia con rapidez; del banano se pasa al plátano hartón, al pasto para ganado, a la teca. Hay pequeñas zonas campesinas con cacao, yuca y arroz. Es una región de lomas y lomitas. Fue una selva que acogió dos frentes de colonización: la antioqueña, desprendida de Urabá y expulsada por la siembra de banano en los años 70, y la cordobesa, originada en la violenta concentración de tierras en Córdoba de los años 50. Los paisas, por el occidente, y los chilapos, por el suroriente, se toparon en San Pedro de Urabá. Primero, campesinos desarraigados y “de huida”; después, sus tierras comenzaron a ser amenazadas por la expansión del latifundio ganadero.
En un patio fresco y lleno de flores de una casa nos esperaban 15 campesinos de sombrero vueltiao y cotizas trepuntá y 10 mujeres silenciosas y adoloridas. La conversación se inició con dificultad. La gente siempre espera que se llegue con soluciones inmediatas, o al menos con promesas. Poco a poco se llega a un tema central: la tierra. Y, por supuesto, la violencia. Hacen diferencia entre la “de colores” de los 50, entre liberales y conservadores, la de la guerrilla y, ahora, la paramilitar. La primera es una memoria muerta; la segunda, un recuerdo doloroso, y la tercera, un hecho presente.
A la serranía de Abibe llegó la guerrilla del Epl a comienzos de los 80 de los frentes del Paramillo, donde este movimiento había sido fundado por Julio Guerra, Pedro Vásquez y Pacho Caraballo diez años antes. Una guerrilla que recuerdan como “arriadora de ganado y bestias y vacunadora”. Eran sus dos principales fuentes financieras: extorsión y robo de semovientes. Tenían que financiar no sólo las tropas —mal entrenadas militarmente y peor formadas en lo ideológico—, sino la lucha sindical de los obreros bananeros, acorralados por bajos salarios. Pero, además, los sindicatos pro Epl competían con los sindicatos tanto liberales como pro Farc.
El ganado que se robaban era en su mayoría en compañía con el Fondo Ganadero de Antioquia, que los campesinos tenían que pagar vendiendo el propio o con la misma tierra. El dominio del Epl fue total, rígido y dogmático. En pocos años no sólo no se había ganado su base social, sino que era un cuerpo extraño odiado por campesinos, comerciantes, y, claro está, por los terratenientes.
Esa reacción fue la puerta de entrada del paramilitarismo, que llegó en persona de un paisa entrenado por Yair Klein en Puerto Boyacá y traído por los ganaderos de Santa Catalina a limpiar la zona: alias Salvador. Un gran estratega militar, afirma el personero. Fue ganando terreno con cinco hombres y formó un pequeño ejército de 25 matones, todos propios de la región (autores de crímenes como la masacre de Pueblo Bello).
Su objetivo era hacerle un escondite a Pablo Escobar, ya entonces —principios de los 90— perseguido a muerte. Pero el capo tenía enemigos entre sus amigos y uno de los más enconados fue Carlos Castaño, que heredó el poder de su hermano Fidel en las tierras del golfo de Urabá. Por tanto, Carlos sacó a Salvador y lo sustituyó por sus propios hombres para hacer el mismo oficio: liquidar al Epl en toda la región.
Ese objetivo, que le permitía sólidas alianzas con los terratenientes, con las compañías bananeras y con el Ejército Nacional, estaba subordinado a otro superior: crear un corredor entre el bajo Cauca, el Paramillo —donde estaban y siguen estando los cultivos de coca— y la región de Mulatos y Arboletes, puertos de embarque de cocaína. Derrotando a la guerrilla y al sindicalismo se ganó la licencia para comerciar a sus anchas con droga. El verdadero fundador del paramilitarismo fue Vicente Castaño, quien nombró como su hombre de confianza en Urabá a Don Mario, quien a su vez delegó a su hermano, alias El Alemán, el mando de tropas en esa región. Hasta ahí las cosas son claras.
Pero, ¿por qué las ya formadas Accu querían, además, tierras? Porque la tierra es, como señalaba Estanislao Zuleta, la alcancía del capital, viniera de donde viniera. Es un refugio seguro porque ningún gobierno atenta contra el sagrado derecho a la propiedad privada en Colombia. Pero, además, los mandos superiores, todos hábiles narcotraficantes, también querían tierra, ganado y quinta con piscina.
Así fue como el control paramilitar de Abibe se pagó con el derecho a expropiar a campesinos y colonos. No fue difícil. Los paramilitares contaban con la colaboración del Ejército, los notarios y jueces, los terratenientes, sus socios, y sobre todo con el poder del terror, ganado con las masacres de Las Tangas, La Negra, Mejor Esquina, La Hondura. El terror les permitió sacar a los colonos y finqueros con un mero gesto y el dedo en el gatillo.
Cientos de campesinos fueron despojados de sus tierras y ganados, entre el 96 y el 2006. La modalidad más pacífica y civilizada consistía en una visita hecha al colono por un mando y sus hombres, y el intermediario de tierras. Se le ofrecía al poseedor —muy pocos tenían título registrado— un precio muy inferior al del mercado, pagadero en varios contados de los cuales se cancelaba a medias sólo el primero. La mayoría de los campesinos sólo tenían una carta-venta o un título no registrado sobre un baldío. De manera que al testaferro no le quedaba difícil hacer una nueva transacción notariada y registrada.
Esas tierras, fincas de 50 a 100 hectáreas, eran englobadas en un solo título y así nacieron las haciendas con nombres militares como la Quince, la Treinta y Cinco, la Veinte, la Cuarenta; o con nombres más tradicionales: Santa Rosa, La Ponderosa, La Rula, El Brillante, Loma Linda. Nombres todos que producen terror a los antiguos poseedores de las parcelas que terminaron siendo agregadas.
Hoy, la mayoría de estas propiedades están manejadas por firmas privadas como el Fondo de Inversión y Capital Privado, autorizadas por Estupefacientes y explotadas como grandes ganaderías. El Brillante, por ejemplo, tiene 4.000 reses. En realidad, los nuevos propietarios no querían sólo algunas tierras sino veredas enteras —Zumbidoabajo, Cacahual, El Congo, Maquencal, Guayabal, Santa Rosa— que convirtieron en sus haciendas.
Trementina era un pueblo de 60 casas hace 10 años; hoy no hay una sola. Hubo muchas fincas robadas que colindaban con el Batallón; los militares consideraban la nueva vecindad mucho más segura. Utilizaron métodos más crueles para los “remisos”, es decir, para aquellos colonos —e inclusive finqueros ricos— que no querían allanarse a un acuerdo. En primer lugar, los rodeaban de fincas ya en manos del nuevo propietario. Les cancelaban servidumbres, rompían las cercas, les echaban ganado o les advertían que transitar por ahí —sitio indeterminado— era muy arriesgado por cuanto habría prácticas de tiro.
Si aun así el campesino resistía, le quemaban la casa, le mataban los marranos y las vacas y en no pocas oportunidades asesinaban al “remiso” y a sus hijos para hacer las escrituras con la viuda. La modalidad de negociar con la viuda se usaba en todas las zonas bajo control paramilitar. Delante del mismo dueño le decían a la señora: “Entonces, doña, firmará las escrituras usted”. A los cinco días, la viuda llegaba a la notaría (caso de la hacienda Caféenplato).
El mando principal de estos crímenes fue el famoso alias Monoleche, quien terminó, como se sabe, asesinando a Carlos Castaño. Cuentan las víctimas que les mandaba decir con alias Percherón: “El Mono quiere esta tierra”. Era una orden. Agregan: “Las guerrillas nos quitaban el ganado, pero los ‘paras’, las tierras”.
Hubo intermediarios —hoy algunos muertos y otros desaparecidos— como Juan Castellanos. Roberto Mariano Ojeda Visbal fue el de más renombre. En una oportunidad, cuentan, llegó uno de estos testaferros con dos cajas de billetes y le dijo a la gente: “Repártanse eso y pasen luego a firmar”. En las colas hubo peleas por los billetes y por llegar a firmar. La firma no era sólo una venta obligada, era un seguro de vida.
El precio de compra no fue en promedio superior a 150.000 pesos hectárea, aunque costara el doble. Con la sola madera que sacaban después de cerrar el trato pagaban la inversión. Había manchas de cedro y roble muy valiosas que los colonos cuidaban como ahorro y fuente de agua. Hoy casi todas estas tierras robadas han sido puestas bajo protección de la ley, que impide nuevas ventas. Claro está que la más fuerte protección de estas tierras la constituye el terror que existe de tocar una de estas propiedades que son —o podrían ser— de Cuco Vanoy, alias Cadena, o de Giovanni Úsuga, el jefe de ‘Los Urabeños’, muerto hace poco, pero cuyos dos hermanos, Arley y Ramiro, quedan vivos.
Hay todavía tanto miedo, que en haciendas como Congo, El Brillante, Vaira y Santa Rosa, sus antiguos dueños prefieren que el Gobierno los indemnice antes de volver a tomar posesión de sus tierras. No tienen confianza en el Gobierno y menos en el Ejército o en la Policía después de saber lo que saben y haber visto lo que vieron: la complicidad absoluta de la Fuerza Pública y la impunidad total tolerada por la autoridad civil. Monoleche, dicen, era la Ley; su persona era el Estado. Un campesino dijo: “Yo no tengo nudos en la garganta: hay que desafiar la ley con la verdad. De otra manera, ella es sorda y muda”. Los nuevos propietarios han amenazado al Gobierno: “Quítenos la tierras hoy, que nosotros las recuperaremos mañana”.
¿Qué respaldo tienen esas amenazas? La gente, y las autoridades civiles, dice que los grupos armados, entre paréntesis ‘Los Urabeños’, “andan por ahí”. Nadie los ve ni señala su ubicación. Tienen llegaderos en las haciendas o en fincas de sus colaboradores. La Fuerza Pública calla con un “sí, eso dicen”. Lo que es concreto, sólido y pesado es el terror que flota en el ambiente. Se habla a media legua y el silencio preside toda reunión hasta que alguien tangencialmente dice: “Se dice por ahí…”. Tanto que el personero —que nació entre ellos porque aquí no hay reclutamiento forzado— opina que las demandas de tierras deben ser hechas una a una y que el tema debe ser “invisibilizado” porque reunir a la gente en la plaza pidiendo la restitución es un suicidio.
No oculta que hay reclamantes negociando con los victimarios y con los nuevos dueños por miedo. Es cierto, de viva voz. Muchos campesinos, en la reunión del patio, afirmaron que estaban dispuestos “más bien” a ser indemnizados por el Gobierno. Después de la sonada reunión de Santos con miles de campesinos en Necoclí nada se ha hecho. Los afectados no han recibido instrucciones de cómo proceder. No existe, como se dice, una ruta de reclamación. Hay un registro único de reclamantes —un listado nominal— que, hasta ahora, a nada ha conducido.
Hay un hecho más significativo que la restitución de tierras: el proyecto de la Reforestadora del Sinú, Colombia, con sede en Panamá, de comprar 40.000 hectáreas en el municipio de San Pedro de Urabá para cultivos de especies maderables.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) presentó el lunes pasado ante la Fiscalía General de la Nación y las Fiscalías seccionales de Medellín denuncia penal por el robo de tierras descubierto en el departamento de Antioquia, en regiones como Urabá.
Se abrieron entre 1.500 y 2.000 expedientes de titulación de baldíos, tramitados durante los años 2007 a 2011, que están bajo custodia de la Procuraduría. Los hallazgos de la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia evidencian la posible comisión de conductas criminales por parte de particulares y funcionarios.
Pedimos celeridad en las investigaciones. Creemos que además de funcionarios, ex funcionarios y ex contratistas del Incoder, hay una red corrupta en la que participan particulares, intermediarios, notificadores, entre otros eslabones aún no detectados”, dijo Miriam Villegas Villegas, gerente del Instituto.
Durante su visita a Urabá en febrero de este año, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó 57 títulos de predios baldíos a campesinos de la región, según reporte del Incoder. El área de los predios es de 53 hectáreas. Las familias favorecidas son 57 del municipio de Necoclí, en corregimientos como La Comarca, Pueblo Nuevo, Vale Pavas, El Embuche, La Cenizosa, La Yaya, El Hoyito, Tulapita, San Sebastián y Mutatá, entre otros. Para el Gobierno esa entrega “reitera (su) compromiso… con las comunidades y la restitución de tierras que contempla la Ley de Víctimas”. El Incoder admitió que “en Colombia, mal contado, el 50% de la tierra que se trabaja no tiene título en debida forma”.

El silencio en Urabá II
El caso Arboletes 2
Por: Alfredo Molano Bravo

De Abibe se baja hacia las tierras del Sinú lentamente. La poca economía campesina que dejó la concentración de tierras desaparece al llegar al plan y la gran ganadería de razas finas y pastos mejorados, de cercas eléctricas y casas de hacienda va dominando el paisaje. Son tierras regadas por el Sinú, las más costosas del país y las que menos impuesto predial pagan. El primer pueblo grande es Valencia, un punto de puntos, vigilantes de los paramilitares cuya dotación consiste en una moto y un celular. Informan lo que ven o intuyen a sus superiores, los papás, que a su vez lo informan a los abuelos. Se trata de una red amplia que mantiene el terror vivo. La carretera para llegar a Arboletes pasa por Montería, verdadero vaticano del paramilitarismo.
Arboletes y Moñitos son las playas preferidas por la clase media antioqueña. Puerto Escondido ha dejado de serlo desde que ‘Los Urabeños’ asesinaron a dos estudiantes de biología de la Universidad de los Andes, crimen que sirvió para que la opinión pública se enterara de la existencia de ‘Los Urabeños’, que fue ratificada con el paro armado que paralizó la costa desde Urabá hasta Santa Marta. Nadie duda del hecho de que esta culebra está más viva que nunca, aunque hoy se mueve con mayor discreción en la región.
Asistí a una nueva reunión con campesinos despojados de sus tierras en Mutatá y Bajirá, en el Urabá antioqueño, y Arboletes, en el norte de Córdoba. En los primeros la historia del despojo se repite con una sola diferencia: fue en su comienzo una colonización campesina impulsada por el Epl en los años 80. Eran campesinos llegados sobre todo de Arboletes y de Dabeiba en busca de tierras baldías. Las guerrillas apoyaron la reivindicación y el Incora les tituló pequeñas parcelas después de trabajarlas cinco años continuos. Las parcelas podían ser ampliadas comprándole al instituto otras tierras. Así se crearon fincas de entre 50 y 200 hectáreas de tierras fértiles, aunque incomunicadas. Las guerrillas, a través de las juntas de acción comunal, abrieron y mejoraron trochas y construyeron escuelas y puertos sobre el río Atrato. A decir de los campesinos, eran el Estado.
En los años 90 entraron los paramilitares a sacar a la guerrilla, que resistió la ofensiva con muy poca suerte y se retiró hacia zonas montañosas de la serranía de Abibe, de donde había salido hacia el sur. La nueva fuerza impuso un terror precedido de las citadas matanzas en las Tangas, razón por la cual fueron conocidos en San Pedro con el nombre de ‘Tangueros’, al que agregaron otro: los ‘Mochacabezas’. Y en efecto, eso hacían con todos los pobladores que consideraban colaboradores de las guerrillas. Asesinatos selectivos como los denunciados por el coronel Velásquez, destituido por el alto mando del Ejército a raíz de un informe en que daba cuenta de los estrechos vínculos de la Brigada XVII con los paramilitares. Dice así el ex coronel: “Parecía que los paramilitares quisieron no llamar la atención como en 1995 con las grandes masacres de ese año. A partir de la llegada de Del Río detecté que los homicidios aumentaron, pero con una peculiaridad: eran uno y dos todos los días, para no llamar la atención, pero mataban más gente”. La gente temblaba cuando era citada a una reunión y más si era en forma individual. Los paramilitares entraron al mando de Tulio Ángel, hombre de confianza de Fidel Castaño. En La Candelaria asesinaron a 15 campesinos que botaron al río y cuyos cuerpos “aparecían boyando a los tres días”. Después fue sustituido por alias Elías, el 44. Las primeras palabras eran amenazas: “Ustedes han invadido tierras ajenas, ustedes son delincuentes. Nosotros, las Auc, venimos a devolver a sus dueños la tierra robada”; las segundas eran para cerrar el negocio: “No queremos perjudicarlo y por eso le ofrecemos tanto por su finca”. La compra era un robo encubierto, pues los precios eran muy inferiores a los del mercado. Una parcela por la que ofrecían $20 millones en el 93, la pagaron a $800.000.
Así fueron expropiadas por los paramilitares más de 50.000 hectáreas pertenecientes a 1.000 familias en Bajirá, Río León, Tumaradó y Mutatá, tierras que pertenecen a seis familias por todos conocidas —los Builes, los Londoño, los Sierra, los Quintero—. La mayoría son ganaderías extensivas o cultivos de palma. Después hubo varios negocios de los que se perdió la pista hasta que apareció Ciapana, una gigantesca compañía sobre cuyas tierras —unas 15.000 hectáreas— hay 60 reclamaciones vigentes. Hay otras compañías aparentemente administradoras como El Búho.
La reclamación de tierras no ha dado un solo paso después de la manifestación de Necoclí. Nada se ha hecho, dicen los dirigentes agrarios de Tierra y Vida, porque nada se puede hacer. Si se desmovilizaron 5.000 hombres en 2006, hoy hay 10.000. El reclutamiento no ha cesado, aunque las unidades militares no anden uniformadas ni con armas largas. El control se ejerce con los mototaxistas, que son verdaderas milicias paramilitares. Las autoridades militares y civiles identifican los mandos pero ninguna toma medidas para someterlas. El padrinazgo político e institucional es más fuerte que cualquier funcionario oficial que decida cumplir sus obligaciones legales. El paramilitarismo sigue controlando la región. Se les conoce como ‘Los Urabeños’, pero no se conocen ni siquiera los alias de los mandos. Algunos hombres están uniformados y armados con fusiles; otros, la mayoría, son informantes o colaboradores. Hay tres ramas: la militar, que usa armas largas y cortas; la política, que controla las votaciones y luego a los funcionarios elegidos, y la social, encargada de obras para la comunidad a través de las juntas de acción comunal, comités de deportes y otras agrupaciones cívicas. El reclutamiento de jóvenes se hace por medio de estos organismos y de uno nuevo: préstamos para pagar los estudios. Sobre ‘Los Urabeños’ la percepción tanto de las autoridades como de la gente coincide: el paramilitarismo está dedicado al narcotráfico y a cuidar las tierras adquiridas por sus patronos, que en su mayoría están arrendadas a empresas cuyos verdaderos propietarios son socios. En las haciendas sólo se encuentran mayordomos y encargados que nada saben de los dueños. Hay haciendas como la 33, la 37, El Carmelo, El Volcancito, Las Tulapas, todas hechas con parcelas arrebatadas a colonos donde se han instalado empresas ganaderas y madereras, dedicadas al cultivo en gran escala de caucho. En su conjunto pueden sumar, según campesinos, más de 70.000 hectáreas.
¿Cómo se puede reclamar, a quién, en dónde, si las normas que defienden a las víctimas son prácticamente clandestinas? El Gobierno ha dispuesto un programa de microfocalización que consiste en un diagnóstico realizado por el Ejército, la Policía y la Fiscalía para determinar si hay condiciones para adelantar un registro de reclamantes y proceder a la restitución. Pues bien, en Turbo se han hecho sólo dos diagnósticos veredales, habiendo 225 veredas, y la conclusión de las autoridades competentes es que no hay condiciones de orden público para adelantar el proceso. Sin embargo, si se les pregunta en sus comandos cuál es la situación de orden público, responden sin vacilar: “Parte sin novedad”. Es más fácil devolver el mar con un dedo que estas tierras a sus legítimos dueños, dicen los campesinos.
San Juan de Urabá es un pueblo a la orilla del mar. Tiene una plaza central sombreada por cauchos. Fresca y oscura. Fue fundado por los recolectores de tagua y raicilla a finales del siglo XIX, nativos de Atlántico y Bolívar. Se llamó San Juan de los Cocos porque en sus playas había miles de palmeras. Las fragatas llevaban cocos a Cartagena, de donde dependía la vida económica del pueblo, que también se llamó Riomar o Pueblo Mocho, porque el río se llevó medio caserío. Durante la Segunda Guerra Mundial venían los submarinos a llevar carne de res. De la violencia de los 50 se recuerda un caso, el de Nabor, un godo que amansaba bestias y que a todos humillaba. Un día lo levantaron a palo; el hombre se dio mañas para huir, pero lo alcanzaron junto a un caracolí gigantesco al lado de una quebrada que desde ese día lleva su nombre porque ahí lo mató el pueblo.
La reunión tuvo lugar, a petición de los campesinos, en la Personería. A las 8 de la mañana ya la cola para hablar con el titular de la oficina era larga. Ese día —no por casualidad— se publicó la lista de los desplazados. De entrada, uno de los asistentes, miembro, como se supo después, de una familia local muy acomodada, soltó la siguiente premisa, ya oficial en todo el país: Al comienzo dominaban los ‘sinvergüenzas’ del Epl dedicados al robo de bestias y de ganado, al asesinato de campesinos y a la violación de mujeres. Dicho eso, los demás asistentes terminaron pintando el fresco: pocos tenían fusiles, más bien andaban con ‘guacharacas’ y armas cortas; algunos vivían enmontados y otros residían en casas campesinas, les gustaba el trago. Se les conoció un mando: alias el cuatro-cuatro o 44, un muchacho de la región “que se había contaminado”. Se hicieron también a tierras; quien le reviraba caía en desgracia, y de ahí a perder la tierra e irse de la región no había sino un paso. El 44 consiguió finca y marcaba ganado con su hierro. Por eso, dicen, “el pueblo no quiso seguirles las aguas”. Por eso, cuando llegaron los “grupos de seguridad”, fueron acogidos. Llegaron a acabar con la izquierda y a cuidar las haciendas de los terratenientes. Venían bien armados y uniformados. Eran los hombres de Fidel Castaño y se llamaban los Tangueros, porque venían de la región donde se habían hecho conocer con la masacre de Las Tangas. El Epl no les hizo frente. Huyó. Pero quedaron los campesinos donde se habían alojado los guerrilleros y les mocharon la cabeza. En la región casi no se usaba plomo para matar. Se usaban machete y motosierra. Por el río pasaban las cabezas flotando como cocos. El terror se impuso. Nadie era capaz de levantar la mirada. Los que no mataron, se volvieron soldados de la “seguridad”, incluso comandantes, como el 44; se volvieron mandos paramilitares, que así comenzaron a llamarse. Era el año 91. El país estrenaba Constitución. El Gobierno no los combatió. Les dejó las manos sueltas. Cuando ya mucha sangre había corrido, apareció El Alemán al mando del bloque Élmer Cárdenas. El pueblo vio cómo el general Rito Alejo del Río lo abrazó en la plaza pública. Fue el aval que faltaba porque de ahí en adelante la especialidad de los paracos fue el despojo de tierras. También aquí el negocio comenzaba con amenazas y seguía con intimidaciones brutales, como ver la cabeza del vecino clavada en los postes de sus fincas. Más tarde aparecía el comisionista con el consejo: “Es mejor vender, ellos tienen la fuerza, ustedes no tienen cómo defenderse, yo les ayudo, pagado, claro está, a hacer el negocio”. Y el negocio se cerraba. Tierras que valían en esa época un millón y medio la hectárea, escasamente se les reconocieron $150 mil. Muchas tenían títulos del Incora, otras apenas carta-venta y no pocas títulos de “choque de manos”, el más respetado entre vecinos. La tierra cambiaba de manos y pasaba por muchas. Mientras tanto, las escrituras en las notarías y los registros en las oficinas desaparecían. Pocos pueden mostrar certificaciones de tradición y libertad. Se robaban la tierra con todo y papeles. Una de las particularidades de San Juan fue que las parcelas y fincas campesinas se volvieron potreros de las haciendas más grandes: Los Laureles, Tinajas, Gigantón, La Mariela y Campamento. A Tinajas, que nunca se supo bien si era llegadero o propiedad de El Alemán, se le calculan más de 15.000 hectáreas. A raíz de la desmovilización, 1.021 familias campesinas invadieron un predio de 35 hectáreas de la hacienda. Hoy la administra una firma privada llamada Apana S. A.
En este punto, la pregunta obligada era: ¿Qué ha pasado con las promesas de Santos en Necoclí hechas en febrero pasado en una concentración ampliamente publicitada por el Gobierno? Silencio. Miradas huidizas. Carraspeos. Todos miran al personero. Se toma su tiempo. Nervioso, sin mirar a nadie y sudando, dice: “Esto está tomado por los narcos”. Y a renglón seguido, “sin embargo, los homicidios han disminuido, apenas van ocho este año. Los ‘paras’ “tienen asegurado el orden público”. No puedo hablar de reclamaciones, ustedes comprenderán; me han dicho —y la gente lo sabe— que ese tema no es de hablar. A quien me pregunte qué hacer, yo le respondo: Vaya a la Unidad de Víctimas de Apartadó”. Y con un “ajaaaá, qué hago, si de reclamaciones no se puede hablar”, se da por terminado el encuentro.

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