Por Javier Rodriguez Roque
Asunción, 4 mar (PL) Domingo Laino, presidente de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, afirmó hoy que el sangriento desalojo de Curuguaty se ejecutó contra los labriegos paraguayos, pero ellos nunca fueron invasores de esos terrenos.

En entrevista concedida a Prensa Latina, Laino se refirió así a la acción policial ocurrida en junio pasado con el saldo de 11 campesinos y seis agentes muertos y explicó que los supuestos propietarios de la hacienda escenario del hecho carecen de títulos de propiedad sobre ella.

Los verdaderos invasores son los empresarios latifundistas pues, en definitiva son terrenos pertenecientes al Estado, a los campesinos y al pueblo paraguayo y lo ocurrido se utilizó para la destitución de un presidente democráticamente electo, planteó.

La Plataforma orientada por Laino realizó una importante investigación independiente del hecho contando con la participación de Ayrton Martinez, un abogado español, reunió numerosas pruebas, filmaciones y fotos y las presentó tanto a la Fiscalía como al Comité de Derechos Humanos de ONU.

El entrevistado destacó la importancia de la resolución que acaba de emitir esa instancia de la ONU denunciando la violación de derechos humanos en Paraguay y la inexistencia del esclarecimiento por el Gobierno de lo aquí denominado masacre de Curuguaty.

Laíno, economista, candidato presidencial en dos ocasiones y excongresista, recalcó que la Plataforma presentará públicamente en varios días pruebas obtenidas del irrespeto a los derechos humanos de los campesinos y adelantó algunas de ellas.

Se fusilÃ� a campesinos en el terreno con disparos a corta distancia, se torturo terriblemente a Freddy Barrios, un menor de 15 años, Nelson Castro, herido de un balazo en la mandíbula permaneció cinco meses sin que lo operaran, se negó atención médica a los campesinos heridos, dijo.

Recordó que el informe de la Plataforma, junto con otros presentados por organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron tan sólidos que impidieron que la delegación gubernamental enviada a la reunión del órgano de ONU frustrara la condena incluida en la resolución emitida.

Ahora Federico Franco trata de minimizar la importancia de ese pronunciamiento de ONU pero es que sus limitaciones intelectuales son bárbaras, concluyó.