Paz y libertad como política de Estado

Autor: Alfonso Monsalve Solórzano  16 de Septiembre de 2012

La libertad de pensamiento y opinión es fundamental en una democracia como la nuestra.

La libertad de pensamiento y opinión es fundamental en una democracia como la nuestra. Y con mayor razón es esencial para quienes piensan y opinan críticamente sobre las políticas de quienes ejercen el poder.

Dicha libertad está en el corazón de la concepción de la democracia liberal, no la de los partidos liberales, sino aquel modelo de pensamiento que pone límites a la dictadura de la mayoría, propia de los totalitarismos. De ahí que uno de los objetivos de todo régimen totalitario, o de los que quieren imponer uno, es acallar la disidencia, cerrando los medios que difunden el pensamiento crítico, amenazando para acallar a quienes discrepan y hasta asesinándolos, acallándolos para siempre.

Si quienes se ocupan de la política dentro de una concepción liberal, cumpliesen a cabalidad este valor fundamental, no habría espacio para las ofensas personales y la descalificación, sino un debate sano para la sociedad dentro de las normas del respeto y la decencia.

Los que profesan un pensamiento crítico dentro de la descrita concepción liberal, tienen clara la diferencia entre oponerse a un gobierno y oponerse a un Estado democrático. Un gobierno tal, sólo es posible porque el Estado es democrático, es decir, porque los ciudadanos llegan a acuerdos fundamentales para la vida, la convivencia, la libertad y la justicia, en Constituciones (salvo algunas excepciones, como la Gran Bretaña) y leyes que ordenan las reglas de interacción social para que un pueblo pueda constituirse en Estado democrático.

Más allá de estas reglas mínimas está el universo infinito de posibles escenarios políticos que generalmente hablan en la voz de los partidos, que abarcan el continuo que va de la izquierda hasta la derecha democráticas. Cada tendencia, que es una forma de interpretar la política dentro del esquema democrático, tiene garantizado su derecho a gobernar, si gana las elecciones, y a hacer oposición, si las pierde, respetando siempre los acuerdos fundamentales.

Un valor básico del consenso mínimo es la paz. Esto quiere decir, que en una situación de enfrentamiento armado contra quienes quieren imponer un régimen totalitarista de derecha o de izquierda, el gobierno de turno debe buscar un acuerdo sobre los mínimos que todos compartan, para ganarse la voluntad política de la ciudadanía y los partidos leales al sistema democrático. Es este consenso el que convierte una política de gobierno en una política de Estado. Y es el que produce la fortaleza social suficiente para enfrentar cualquier salida que lleve a una paz duradera, que todos queremos.

Desafortunadamente, en el proceso actual ha faltado una política de Estado. Se puede decir, que tiene el aval de los tres poderes, pero aun así, si no se escucha y se tiene en cuenta el pensamiento de todos los sectores políticamente leales al Estado, incluyendo los que se oponen al gobierno, se corre un alto riesgo de fracaso. Un acuerdo sobre lo fundamental para la paz es lo que le ha hecho falta a este gobierno, según argumentan Eduardo Posada Carbó y Libardo Botero.

Toda negociación debe ser sigilosa y reservada para evitar que fracase antes de comenzar. Pero ello no significa que sectores muy importantes de la población, leales al sistema pero críticos del gobierno, sean excluidos de la elaboración de unos lineamientos generales que todos pudieran compartir, y en cambio, se negocie las agendas y reglas de juego con el contradictor, a espaldas de aquellos. Por mucho que haya mayorías parlamentarias y pronunciamientos de las Altas Cortes, si se excluye al pensamiento crítico del consenso, no se tendrá una política de Estado y no habrá acuerdo sobre la agenda y reglas de juego. La gente del común sí aprende del pasado y busca no cometer errores que hicieron fracasar otros procesos de paz. En la última encuesta de opinión, y aceptando la premisa de que este es un concepto vago y moldeable, lo que la gente expresó mayoritariamente fue el límite a cualquier negociación: no a la impunidad ni a la participación política de personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, y la necesidad de reconocer la verdad y ejercer la reparación, percepción que, además, comparten los principales organismos internacionales de derechos humanos.

La idea de que la paz es el valor supremo, es razonable, pero no la paz de los tiranos, sino la de los libres. Paz sin libertad no es lo que establece la Constitución, ni las ideas fundamentales de las democracias liberales. Pensemos en la propuesta de Posada Carbó y permitamos que el país alcance la paz como una política de Estado.

por elmundo.com

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