Bautismo con sangre y fuego

DESDE LA BARRERA

Por: Gustavo Rodríguez Gómez*

En medio del alborozo de los amigos de la paz y la intemperancia de los partidarios de la guerra, pasó desapercibido para muchos colombianos el día 16 del presente mes, cuando se cumplieron 10 años de la masacre cometida en la comuna 13 San Javier en Medellín, durante la implementación de la Operación Orión, dentro del proyecto de pacificación llevado a cabo por efectivos del Ejército y el DAS, apoyados por la Fuerza Aérea, siguiendo instrucciones de Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República y con el beneplácito de Luís Pérez Gutiérrez, alcalde de la ciudad.  La operación se inició al amanecer del 16 de octubre de 2002, a través de ametrallamientos desde helicópteros artillados de la FAC; para que después, según los reportes oficiales, las autoridades militares retomaran el control de la zona y de las personas, a quienes sometieron a rigurosos retenes y requisas.
Al día siguiente, jueves 17, tropas del Ejército Nacional se encontraban apostadas en un morro situado en el Barrio El Salado; a eso de las 3:15 de la tarde, cuando ingresaban a su casa de habitación en el mismo sector, los jóvenes Elkin de Jesús y Alexander Ramírez Vélez, fueron objeto de disparos indiscriminados por parte de los efectivos militares. Elkin de Jesús cayó herido y Alexander se refugió en una vivienda contigua a la de sus padres, ya que el Ejército continuó disparando persistentemente, ocasionando daños en ambas casas y en una guardería cercana, donde se encontraban decenas de niños. Las ráfagas de fusil continuaron dirigidas hacia esas viviendas, impidiendo que la madre de los jóvenes prestara auxilio a Elkin de Jesús y obstaculizando, así, su traslado a un centro asistencial.
Sólo hasta las 6:00 p.m. las autoridades militares permitieron su movilización al puesto de salud de San Javier, pero Elkin de Jesús llegó muerto; allí la Fiscalía practicaría después el levantamiento del cadáver. Elkin de Jesús Ramírez Vélez, era seminarista de la Comunidad Menor Capuchina y tenía 27 años de edad. Los medios de comunicación, haciendo eco de la versión oficial, registraron que la muerte ocurrió por una bala perdida, para exonerar al ejército de toda responsabilidad por el hecho criminal.
El 15 de noviembre de 2002, a un mes escaso de la masacre, vino lo peor cuando empezaron las desapariciones a manos de la Fuerza Pública y de paramilitares, según denunciaron las víctimas. A Alba Marina Betancur, por ejemplo, un hombre la señaló diciendo que era una comandante que manejaba cuatro escuadrones –él no sabía bien, según aclaró– si de las Farc, el ELN o de los Comandos Armados del Pueblo.  La llevaron al F2 y luego al Buen Pastor porque, de acuerdo a sus captores, ella secuestraba, vacunaba y mataba. Y lo que, en realidad, Alba Marina hacía era lavar carros y vender mazamorra y mangos. Allí estuvo presa nueve meses y medio. Su hijo de cinco años quedó solo, pues su esposo había muerto tiempo atrás, al caer de un cuarto piso, mientras realizaba su trabajo de albañil. Cuando fue liberada, volvió a ser amenazada; le dijeron que no podía volver a la comuna.  Perdió lo que tenía.
Al igual que ella, más de 300 víctimas de la comuna 13, sufrieron menoscabo en sus derechos, por la violencia y el despojo a los que fueron sometidas.
En desarrollo de los operativos militares fueron detenidos más de 200 habitantes de la comuna; la mayoría de ellos, en virtud de señalamientos que realizaron encapuchados pagados por el ejército; otros muchos, bajo simple sospecha. Los retenidos fueron objeto de malos tratos, golpizas y exposición permanente al sol y al agua en las instalaciones hacia donde se les condujo. Los procesos penales se iniciaron vinculando formalmente, mediante indagatoria a los retenidos, sin que se aportaran pruebas o elementos de juicio que hubieran permitido deducir algún tipo de indicio de responsabilidad en los hechos, materia de investigación.
Al final –según denuncia hecha por el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, durante una reunión extraordinaria del Comité Municipal de Derechos Humanos, que tuvo lugar en el barrio Belencito– se supo que la Operación Orión tenía como objetivo permitir la toma del lugar por parte de paramilitares, que reclutaran jóvenes para la venta de estupefacientes, transporte de armas, cobro de extorsiones y comisión de delitos.
Con esa operación, que dejó 14 muertos y más de 100 desaparecidos, Uribe, a dos meses y una semana de gobierno, bautizó con sangre y fuego la comuna 13.

Gustavo Rodríguez Gómez/El Pilón
grg1939@yahoo.com
 

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