Acuerdo con Río Tinto: justificación y protestas en semana paraguaya

Por Javier Rodriguez Roque

29 dic (PL) La firma por el gobierno paraguayo del primer acuerdo público con la multinacional Río Tinto Alcán llenó de justificaciones oficiales y de protestas populares la semana que termina en este país mediterráneo.

El documento inicial suscrito y el único divulgado sobre las intensas negociaciones entre las dos partes acusadas de un raro secretismo por la oposición vino a confirmar alegatos repetidos por las organizaciones sociales y obligó al Ejecutivo a poner en marcha una gran campaña publicitaria.

El presidente Federico Franco concedió más entrevistas que nunca a los medios de difusión para asegurar desde los supuestos beneficios de la instalación de la planta productora de aluminio hasta el señalamiento del anterior Gobierno como iniciador de las tratativas.

Sin embargo, el entendimiento publicado puso en claro para los opuestos a la tan debatida operación varios puntos importantes y alimentaron el desarrollo de más protestas públicas y otros enjuiciamientos de expertos.

En primer lugar, se aceptó que el terreno para el enclave de la conflictiva planta será cedido por el Estado paraguayo, en un lugar cercano a ríos con abundante agua y con accesos convenientes.

Envuelto en el calificativo de precio diferenciado, se confirmó por el propio Franco que la gran cantidad de energía necesitada por Río Tinto le costaría a la transnacional entre 30 y 60 dólares megawatt/hora, un amplio abanico de precio si se tiene en cuenta el costo de producción de 60 dólares.

El Gobierno debió confesar que la anunciada gran cantidad de nuevos empleos a generar por la planta electrointensiva no se ajustaba a la realidad e insistió, a cambio, el posible logro de constituir un parque industrial alrededor del lugar, pero sin elementos concretos sobre su materialización.

También lo publicado permitió comprobar la inexistencia de cualquier estudio medioambiental previo sobre el proyecto, algo reclamado insistentemente por las entidades sociales.

En este punto las críticas aumentaron tras conocerse que Río Tinto recibió cuatro multas impuestas por autoridades de Canadá, precisamente del país sede de la oficina central de la multinacional, por verter en ríos y terrenos sustancias peligrosas incluso para personas.

En definitiva, los hechos de los últimos días, incluyendo la divulgación del denominado preacuerdo, solo sirvieron para que el amplio sector opuesto a la llegada de Río Tinto al territorio nacional anunciara el incremento de sus acciones de repudio en el año en puertas.

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