El Consejo Superior de la Judicatura negó este jueves 185 acciones de tutela interpuestas por ciudadanos que buscaban la suspensión de las sanciones de la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, lo que implica la ratificación de su destitución de la su inhabilidad para ocupar cargos públicos en un lapso de 15 años.

La decisión, tomada en una votación de 6-1 (el único en contra fue el magistrado Néstor Iván Osuna), señala que el Ministerio Público es competente para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular y que a los tutelantes no se les había violado el derecho a elegir o ser elegidos.

La decisión, que estaba ‘cocinada’ desde el martes pasado, había sido aplazada en dos ocasiones por cuenta de la solicitud de última hora del magistrado Ovidio Claros, quien pidió más tiempo para estudiar dos memorandos que solicitaban, en plata blanca, analizar de fondo el tema de las tutelas a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El magistrado Pedro Sanabria ponente de la decisión manifestó que con el fallo “queda en firme el fallo de la Procuraduría contra el alcalde Gustavo Petro”. Argumentó que “los derechos políticos de los ciudadanos tienen un límite, por lo cual en este caso nunca se vulneraron ni se pusieron en riesgo con la decisión administrativa”.

“La Procuraduría, con la sanción impuesta a Gustavo Petro, no les ha vulnerado los derechos a los accionantes aducidos en las demandas de tutela, como tampoco los de otra naturaleza, así cada ciudadano tenga la libertad para aducirlos”, señala el texto de la ponencia de Sanabria.

¿Qué opciones tiene todavía el alcalde de Bogotá? Si bien la decisión de este jueves puede ser revisada por la Corte Constitucional, a Petro aún le quedan aún 23 tutelas que hacen trámite en el Consejo de Estado y -la que aún se ve lejana- esperar por las medidas cautelares solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.