Nicaragua y la polémica sobre el poder ciudadano

nicaragua1Por María Julia Mayoral

Managua, 27 feb (PL) Nicaragua institucionaliza espacios para la participación ciudadana, en un proceso de aprendizaje sobre la responsabilidad compartida que atemoriza a sectores políticos tradicionales y multiplica la confianza popular en el gobierno.

Los llamados Gabinetes de Familia, Salud y Vida aparecen ahora como la punta del iceberg de un conflicto de fondo ante el avance del proyecto «socialista, cristiano y solidario», que impulsa el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Por mayoría de votos, el Parlamento aprobó el 21 de febrero la creación de esas estructuras comunitarias, para legitimar por vía legal el derecho de la población a intervenir en los asuntos de interés económico y social de sus territorios y a ser tenida en cuenta a la hora de adoptar políticas y programas estatales.

En este caso, la Asamblea Nacional solo procedió a validar una práctica que tenía el visto bueno de la gente; en numerosos barrios y comarcas rurales los vecinos, sin detenerse en preferencias políticas, asumían la oportunidad de organizarse para «trabajar por el bien común», como suelen decir.

Sin embargo, legisladores opositores al FSLN rechazaron la iniciativa por considerarla violatoria de la privacidad en el seno de los hogares; con argumentos de esa naturaleza, la Bancada Democrática Nicaragüense votó en contra de incluir a los Gabinetes en el Código de la Familia.

El tema suscita criterios encontrados, pero en su mayoría favorables a la decisión del Legislativo, según destacan medios de prensa en el país.

Consultado sobre el asunto, el pastor bautista y procurador de derechos humanos Sixto Ulloa consideró que los Gabinetes representan una opción por la vida del pueblo y su principal fortaleza estriba en el aporte ciudadano de manera voluntaria.

«Lo más importante aquí es que es una participación no obligatoria. Los gabinetes ya están formados, ya están trabajando, lo que ha habido aquí es que el Código de la Familia los asume y oficializa, algo que el mismo pueblo demanda», observó.

A juicio del subprocurador de derechos humanos Adolfo Jarquín, el paso dado por el Parlamento representa un gran avance en términos de legislación a favor de las familias, como eje fundamental para el desarrollo y el bienestar del país.

«Ningún gabinete va a ir a tratar de interferir en la familia», al contrario se busca cómo fortalecer ese núcleo básico y «la Ley está contemplando darle esa fortaleza», opinó.

Al decir del pastor Omar Duarte, de la Iglesia Ríos de Agua Viva, «el problema es que en Nicaragua todo se quiere politizar y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando uno no quiere ver no mira, y aquí tenemos que hacer a un lado la política y pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos y en la familia».

«Si nos ponemos a politizar las cosas entonces nunca vamos a salir adelante», respondió Duarte en declaraciones a la publicación El 19 Digital.

En la mira de los gabinetes aparecen cuestiones de la vida cotidiana como procurar higiene comunal, asistencia de niños y jóvenes a las escuelas, atención médica a infantes, adultos mayores y mujeres embarazadas, inserción laboral y favorecer relaciones de convivencia con armonía.

También ayudan a precaver delitos y violencia intrafamiliar, en tanto son los propios vecinos, quienes buscan soluciones a sus propios problemas.

Estudios de opinión, como los ejecutados por la firma CID-Gallup, indican que más del 65 por ciento de los nicaragüenses aprueba la gestión del gobierno, encabezado por el presidente Daniel Ortega.

El director ejecutivo de CID-Gallup, Carlos Denton, comentó a la prensa que, por la experiencia de 23 años realizando encuestas en Nicaragua, la actual gestión del Ejecutivo sandinista cosecha ventajas frente a sus precedentes.

«Hay una pregunta que incluimos siempre, y es: ¿Con qué frecuencia hace Daniel Ortega, como Presidente, lo que es bueno para el pueblo?; y entonces en este momento un 62 por ciento dice: Siempre o Casi Siempre», argumentó.

El auge de los gabinetes de la familia denota esa identificación con un proyecto, de vocación cristiana y socialista, que busca ampliar el ejercicio efectivo de los derechos humanos en esta nación centroamericana.

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