Bogotá, 9 sep (PL) Después de 21 días de tensión, Colombia poco a poco retorna a la normalidad tras la firma de varios acuerdos con los gremios en protesta para desbloquear las vías en todo el país, aunque el paro nacional continúa firme.

El fin de semana fue decisivo con reuniones en Tunja y Huila el sábado, y otra ayer en Popayán encabezada por el vicepresidente Angelino Garzón, que terminó con la firma de un pacto para despejar paulatinamente las carreteras hasta mañana.

El acta de compromiso suscrito entre el vicemandatario y los agricultores fue un gran paso de avance y una puerta de esperanza para llegar a un diálogo que permita poner fin a la crisis que vive el país, en especial el sector agrícola.

El presidente Juan Manuel Santos nombrará una comisión de alto nivel para negociar sobre los seis puntos presentados por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo que incluye, entre otros aspectos, mayor acceso a la tierra e inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda y servicios.

Durante dos horas de reunión a puerta cerrada, en la que participaron líderes del paro de 17 departamentos, se propuso la conformación de una comisión de garantes en la que este el expresidente Ernesto Samper y el presidente del Congreso Juan Fernando Cristo.

El próximo miércoles las partes volverán a reunirse en Bogotá para abordar los temas relacionados con las garantías jurídicas y políticas del proceso.

Pese a que los bloqueos de las carreteras se levantarán en todo el país los gremios ratificaron que el paro y la movilización seguirán hasta que haya reformas agrarias.

Asimismo volvieron a rechazar la invitación oficial al gran pacto nacional para el sector agropecuario y el desarrollo rural, previsto para el jueves, por considerar que ese encuentro no refleja los intereses del campesinado.

Desde el 19 de agosto varios sectores salieron a protestar en rechazo al modelo económico del Gobierno que, dicen, ha posicionado políticas antiobreras y antipopulares que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones y entregan nuestros recursos naturales a las transnacionales».

Estos 21 días de bloqueos, manifestaciones, cacerolazos multitudinarios, y rebelión social dejaron 660 casos de violaciones de derechos humanos, 485 heridos, 12 campesinos asesinados, 262 detenciones arbitrarias y 52 hostigamientos y amenazas, según cifras divulgadas por la Mesa Nacional Agropecuaria.

«Un saldo trágico de un paro que fue tratado por la vía militar y que hace mucho tiempo pudo ser solucionado», como expresó la víspera uno de los campesinos presentes en la reunión con el Ejecutivo.