Ecuador, entre el petróleo y la pobreza

ecuador_mapaQuito, 2 oct (PL) En medio de una crisis financiera, contar con reservas petroleras sería una bendición para cualquier país, pero en Ecuador, la decisión del gobierno de explotar los yacimientos del Yasuní desató una tormenta política.

¿Quieren consulta popular? Pues reúnan las 600 mil firmas, y nos vemos en las urnas, expresó el presidente Rafael Correa, en alusión a los reclamos de algunos sectores que se han arropado con la bandera ecologista para hacerle oposición al Gobierno.

De acuerdo con el mandatario, esos grupos quieren venderle a la opinión pública un discurso anti-extractivista con la intención de hacer fracasar a la Revolución Ciudadana.

Sería un suicidio renunciar al uso de los recursos naturales para luchar contra la pobreza, afirmó Correa, en alusión a los 18 mil millones de dólares que se calcula aportaría a las arcas del Estado la eventual extracción del crudo existente en una pequeña porción de la reserva natural amazónica.

La decisión de explotar los yacimientos se tomó después de fracasar una iniciativa presentada por Ecuador a la comunidad internacional, que pretendía dejar el petróleo bajo tierra, a cambio de una compensación financiera.

Pero la oposición y algunas organizaciones ecologistas ecuatorianas han hecho causa común contra la propuesta presentada por el gobierno ante la Asamblea Nacional de declarar de interés nacional dos bloques petroleros ubicados en el área del Yasuní.

El partido de Correa ostenta la mayoría en el Parlamento unicameral ecuatoriano, por lo que se da por descontado la aprobación de la resolución, y eso dejaría a la oposición con la única opción de tratar de recolectar las 600 mil firmas que establece la Constitución para convocar a una consulta popular.

Que nadie se engañe, lo que quieren es demorar la extracción del petróleo para ver si algún día ellos regresan al poder, afirmó el jefe de Estado, quien ha asegurado que la explotación del Yasuní se hará con todas las garantías ambientales y ecológicas.

Correa recordó que esa misma oposición alcanzó apenas el tres por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de febrero pasado, en las que el mandatario fue reelecto por un amplio margen.

La empresa estatal Petroamazonas, con sobrada experiencia en la zona, sería la encargada de extraer el crudo, y según su gerente general, Oswaldo Madrid, el proceso no implicará la construcción de carreteras ni generará residuales nocivos al medio ambiente.

Correa también ha descartado de plano que pueda ocurrir una contaminación como la provocada por la antigua transnacional Texaco, hoy Chevron, que se niega a pagar una indemnización multimillonaria a 30 mil pobladores afectados por las malas prácticas extractivas que utilizó en la Amazonía.

Además, según una nueva ley dictada por su gobierno, el 12 por ciento de las utilidades procedentes de la actividad petrolera serán invertido en beneficio de las comunidades aledañas a la zona de explotación, en su mayoría indígenas.

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