Arremete ministro de Defensa contra fallo de Corte colombiana

colombiacorteconstPor Anubis Galardy

Bogotá, 24 oct (PL) El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, arremetió hoy aquí contra la Corte Constitucional, que decretó la víspera el hundimiento de la reforma al fuero militar, tramitada por él durante dos años en el Congreso.

En una reacción calificada aquí de airada, manifestó que en Colombia “las instituciones más respetadas por nuestros ciudadanos son las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, muy por encima de los partidos políticos y el Congreso de la República”.

La iniciativa de ley desató desde el principio una oleada de cuestionamientos y críticas por parte de sectores del propio Congreso, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, personalidades de la política y el arte, Premios Nobel de la Paz y la sociedad civil, entre otros.

La Corte decretó ayer su hundimiento por vicios de trámite, procedimientos e inconstitucionalidad, al haberse aprobado la iniciativa 02 de 2012 en la Cámara de Representantes en el mismo momento en que había comenzado la plenaria de esa corporación, lo cual, según el magistrado Nilson Pinilla, afectó el debate y precipitó la votación en un tema trascendental.

Tal simultaneidad contraviene, agregó, lo estipulado por la Ley Quinta de 1992 de la Carta Magna, que regula la actividad parlamentaria, que veta esa dualidad.

El desplome de la norma jurídica dejó automáticamente sin efecto la ley que la reglamentó, aprobada por el Congreso en diciembre de 2012, en un candente debate que dividió en dos al parlamento.

Durante una de esas sesiones, el senador Armando Bendetti expresó: “veo al ministro de Defensa liderando en el Congreso el proyecto para tener liderazgo sobre los militares”. Además, advirtió, “el Gobierno no nos puede dejar esto en plena turbulencia de un proceso de paz con las FARC-EP sin cese del fuego”.

Un grupo de congresistas colombianos, encabezados por Iván Cepeda interpuso el 15 de febrero de este año una demanda contra “un norma jurídica que otorgaba a tribunales castrenses la potestad de juzgar delitos de tipo humanitario cometidos por uniformados, como las ejecuciones extrajudiciales contra civiles, reportados como guerrilleros caídos en combate”, los casos conocidos como falsos positivos.

También se haría cargo de las infracciones cometidas en actos de servicio por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado e introducía el concepto del llamado blanco legítimo, mediante el cual se otorgaba a la fuerza pública la posibilidad de atacar a un civil, si en una acción militar se presumía una alta probabilidad de que ese civil pudiera ser hostil.

A la demanda, presentada a la Corte Constitucional, se unieron la organización no gubernamental Comité de solidaridad con los presos políticos y la Comisión Colombiana de Juristas.

Los demandantes alegaron que, en el proceso de elaboración del Acta Legislativa “se violó el principio de unidad de materia y se hizo caso omiso a las cifras de impunidad ascendentes al 98 por ciento en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales de civiles”.

La ampliación del fuero penal militar, subrayaba el texto, deja en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos y constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia.

Al incorporar vicios de inconstitucionalidad, reiteraba, la reforma “nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos”.

Un informe de la Corte Penal Internacional, presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, subrayó el riesgo que representaba una reforma que ampliaba el mencionado fuero a graves violaciones de derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario.

En un comunicado señaló que el proyecto aprobado por el Senado podría interpretarse como una “ausencia de voluntad” del Gobierno de juzgar y sancionar a los más altos responsables militares de crímenes de civiles, propiciando una investigación por parte del Tribunal de la Haya, “en virtud del principio de complementariedad”.

Por su parte, la ONU manifestó en reiteradas oportunidades su preocupación ante el hecho de que “crímenes tan graves como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, entre otros, quedaran bajo la competencia de la jurisdicción penal militar”.

El hundimiento de la reforma tuvo una repercusión inmediata en los diversos sectores de la sociedad colombiana, amplificado en las cuentas de Twitter con el calificativo de esperpento.

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