Reforma al fuero penal militar, un naufragio bienvenido en Colombia

Por Anubis Galardy

Imagen activaBogotá, 24 oct (PL) Rodeada desde un inicio de encendidas polémicas, la reforma al fuero penal militar naufragó aquí en su objetivo de dotar de una sólida cobertura jurídica al ejército y la fuerza pública colombianos.

La víspera se hundió, al ser declarada inexequible (naplicable) por la Corte Constitucional de la República.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, se impuso el alegato del magistrado Nilson Pinilla, quien arguyó vicios de trámite y procedimiento que no pudieron ser obviados por el alto tribunal.

Pinilla se refirió en este caso a la simultaneidad en el debate del acto legal 02 de 2012, por parte de la Comisión Primera de la Cámara, y la plenaria de esa instancia judicial.

Esta coincidencia, sostuvo el magistrado, afectó la calidad de las discusiones, al precipitar el voto en un tema trascendental, además de contravenir la Ley Quinta de 1992 que regula la actividad parlamentaria, señaló.

Las citadas fallas hundieron la iniciativa, objeto de duras críticas por la Corte Penal Internacional, la ONU, organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos de las víctimas.

Su caída dejó automáticamente sin efecto la ley que la reglamentó, aprobada por el Congreso en diciembre de 2012, en un candente debate que dividió en dos al parlamento.

Un grupo de congresistas colombianos, encabezados por Iván Cepeda, interpuso el 15 de febrero de este año una demanda contra “un norma jurídica que otorgaba a tribunales castrenses la potestad de juzgar delitos de tipo humanitario cometidos por uniformados, como las ejecuciones extrajudiciales contra civiles, reportados luego como guerrilleros caídos en combate” (los llamados falsos positivos).

También se haría cargo de las infracciones cometidas en actos de servicio por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado e incorporaba la inclusión del llamado blanco legítimo, concepto mediante el cual se otorgaba a la fuerza pública la posibilidad de atacar a un civil si en una acción militar se presumía una alta probabilidad de que ese civil pudiera ser hostil.

A la demanda, presentada a la Corte Constitucional, se unieron la Ong Comité de solidaridad con los presos políticos y la Comisión Colombiana de Juristas.

Los demandantes alegaron que, en el proceso de elaboración del Acta Legislativa “se violó el principio de unidad de materia y se hizo caso omiso a las cifras de impunidad ascendentes al 98 por ciento en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales de civiles”.

La ampliación del fuero penal militar, subrayaba el texto, deja en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos y constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia.

Al incorporar vicios de inconstitucionalidad, reiteraba, la reforma “nos pone en el ojo del huracán” frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos”.

En declaraciones a Prensa Latina, Cepeda describió, en su momento, la reforma como “el golpe más grave contra los derechos humanos y las víctimas registrado en toda la historia del Congreso y del país”.

Cómo puede hablarse de paz en momentos en que se está gestando una ley para la guerra, cuestionó. Cómo se puede conferir a tribunales militares la facultad de juzgar a autores de crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por oficiales de la fuerza pública contra civiles, denunció.

Se trata de un proyecto que va a contravía de lo instituido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Va en contra de las víctimas, en lugar de legislar a favor de ellas, manifestó.

El respaldo al hundimiento de la ampliación del fuero penal militar crece en las redes sociales, que lo califican de esperpento.

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